El Congreso ha debatido prohibir a los fondos buitre la compra de viviendas

El Congreso ha debatido este martes una propuesta para prohibir la compra de viviendas a «personas jurídicas, empresas y fondos buitre». La proposición no de ley promovida por Sumar pretende, también, poner fin a las socimis (sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario).

Prohibir la compra de viviendas a los fondos buitre

El grupo parlamentario ya elevó al Congreso en el pasado una propuesta para prohibir la compra de viviendas a fondos de inversión. Lo hizo en noviembre de 2025, mediante una proposición de ley, que no fue admitida a trámite debido al rechazo de PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria. Por su parte, el PSOE y el PNV se abstuvieron. En aquel momento, Sumar expresó su malestar por el rechazo de la propuesta y por la abstención de su socio en el Gobierno, el Partido Socialista.

Sin embargo, tal y como recuerda Europa Press, a principios de 2026, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, indicó que prohibiría la compra de viviendas unifamiliares en el país a los grandes inversores y a las empresas. En ese momento, Vox respaldó esa iniciativa. Ante este escenario, Sumar anunció que volvería a llevar su propuesta al Congreso.

La propuesta de Sumar no solo pretende limitar la compra de viviendas a personas jurídicas, sino que también tiene como objetivo la derogación de la ley de 2009 que regula las socimis, así como aplicar una fiscalidad mayor a las empresas y a los fondos de inversión que tienen viviendas que a las familias por su residencia habitual.

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La justificación del partido se basa en que estas sociedades pagan únicamente un 1 % del impuesto de sociedades, un hecho que ha provocado que inversores extranjeros aterricen en España para profesionalizar el sector inmobiliario, «mermando así el derecho a una vivienda digna».

«España se ha convertido en el país con mayor número de socimis; quien hay detrás de esta figura son empresas, fondos de inversión como Blackstone o Cerberus, que poseen más de 1.000 millones de euros en casas y juegan a la especulación, expulsan a la gente de sus barrios y vivienda y vulneran el derecho constitucional a la vivienda», ha señalado el grupo.