La mayoría de los españoles ve en las multas la solución más eficaz contra el fraude en el alquiler temporal

La creciente tensión en el mercado del alquiler ha situado en el centro del debate público distintas propuestas normativas y fiscales orientadas a regular el acceso a la vivienda para los inquilinos. En este contexto, la ciudadanía muestra una valoración mayoritariamente positiva hacia algunas de las medidas que se están planteando a nivel político o que ya se han introducido de forma efectiva para intervenir el mercado.

Foco en el alquiler temporal

El control de los alquileres temporales con sanciones para evitar el fraude es la medida que obtiene un mayor nivel de respaldo ciudadano, según los datos extraídos a partir de una encuesta de Fotocasa Research realizada en febrero de 2026. En concreto, la mayoría de los españoles (el 55%) considera que esta herramienta sería eficiente para combatir este tipo de prácticas. Frente a esta valoración positiva, un 27% la considera una medida neutral, mientras que un 18% cree que es poco o nada efectiva.

«En un mercado marcado por una fuerte tensión entre oferta y demanda es comprensible que exista interés por identificar qué herramientas pueden ayudar a ordenar determinadas prácticas y mejorar su funcionamiento. Las medidas orientadas a reforzar el cumplimiento de la normativa vigente o a evitar posibles distorsiones en algunas modalidades de arrendamiento obtienen un respaldo relevante.  Al mismo tiempo, los datos muestran que no existe una visión única sobre cuáles son las soluciones más adecuadas, especialmente cuando se trata de incentivos fiscales u otras fórmulas de actuación», explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Limitación del precio del alquiler por habitaciones

Otra de las medidas que recibe una valoración positiva por parte de los ciudadanos es la limitación del precio del alquiler por habitaciones para evitar que la suma de las rentas individuales supere el precio de alquilar la vivienda completa. En este caso, más de cinco de cada diez españoles (el 53%) considera que esta medida sería eficiente para evitar este tipo de fenómenos en el mercado. Por el contrario, un 27% de los encuestados mantiene una posición neutral, mientras que un 20% cree que la medida sería inefectiva.

Los datos reflejan que, aunque los incentivos fiscales también cuentan con una valoración positiva entre una parte importante de la ciudadanía, generan una percepción más heterogénea en comparación con las medidas regulatorias destinadas a limitar determinadas prácticas dentro del mercado del alquiler. Esta bonificación fiscal a los propietarios del 100%, en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por congelar el precio del alquiler al renovar el contrato a los inquilinos fue anunciada en enero por el Gobierno, y se encuentra a la espera de desarrollo legislativo.  

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