¿En qué te afecta vivir o alquilar en una zona tensionada?
La declaración de un municipio como Zona de Mercado Residencial Tensionado activa un régimen regulatorio específico de contención de precios y protección de los arrendatarios que se ha actualizado con la publicación de los nuevos Decretos de Vivienda. Estas son las medidas que más afectan a las zonas tensionadas versus aquellas que no han sido declaradas como tal:
Contención de rentas en nuevos contratos de arrendamiento habitual: en viviendas que hayan estado alquiladas en los últimos 5 años, la renta pactada en el nuevo contrato no puede superar el precio del contrato anterior más la actualización correspondiente. Tampoco se pueden trasladar al inquilino nuevos gastos o tributos que no estuviesen fijados previamente. (Art. 17.6 de la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos – LAU, tras la reforma del Real Decreto-ley 29/2026).
Límite por el Índice de Referencia para grandes tenedores y viviendas no alquiladas: si el arrendador es un gran tenedor (persona física o jurídica titular de 5 o más inmuebles residenciales en la zona tensionada) o si el inmueble no ha estado alquilado en los últimos 5 años (siempre que lo contemple la declaración de la zona), la renta no podrá superar el límite máximo marcado por el Sistema Estatal de Índices de Precios de Referencia. (Art. 17.7 de la LAU, tras el Real Decreto-ley 29/2026).
Contención de precios en alquileres por habitaciones y temporales: en las zonas tensionadas, los contratos de alquiler temporal sucesivos o de corta duración quedan sujetos al límite marcado por el Índice de Referencia para la Actualización Anual de los Contratos de Arrendamiento de Vivienda (IRAV). Asimismo, la suma de las rentas de los contratos de alquiler parcial por habitaciones no puede superar el límite aplicable al contrato unitario de la vivienda completa. (Art. 17, apartados 8 y 9 de la LAU, introducidos por el Art. 3.Diez del Real Decreto-ley 29/2026).
Prórroga extraordinaria del contrato hasta de 3 años: una vez finalizados los periodos de prórroga obligatoria o tácita, el arrendatario puede solicitar una prórroga extraordinaria del contrato por plazos anuales hasta un máximo de 3 años manteniéndose las mismas condiciones, la cual es de aceptación obligatoria para el arrendador. (Art. 10.6 de la LAU según el Real Decreto-ley 28/2026 y Art. 10.3 de la LAU según el Real Decreto-ley 29/2026).
Congelación extraordinaria de las actualizaciones de renta hasta 2027: para las anualidades que se cumplan entre la entrada en vigor de la norma y el 31 de diciembre de 2027, si la renta supera el valor fijado por el índice de referencia, no procederá incremento alguno; si está por debajo, la actualización estará topada a un máximo del 2% en defecto de pacto. (Disposición final sexta del Real Decreto-ley 29/2026).
Prohibición de repercutir honorarios y tributos al inquilino: se prohíbe de forma expresa repercutir al arrendatario los gastos de gestión inmobiliaria o formalización del contrato, así como los tributos asociados a la vivienda (como el IBI), salvo que el inquilino sea el obligado tributario. (Art. 20 de la LAU, modificado por el Real Decreto-ley 29/2026).
Transparencia en la publicidad del inmueble: la publicidad, oferta u orden de arrendamiento en zonas tensionadas debe incluir de forma obligatoria el precio del índice de referencia, la renta del contrato anterior, los límites legales aplicables y si el arrendador ostenta la condición de gran tenedor. (Art. 20 del Real Decreto-ley 29/2026).
Recargo en el IBI para viviendas desocupadas y turísticas: los ayuntamientos pueden aplicar en zonas tensionadas un recargo de hasta el 50% en la cuota del IBI para viviendas desocupadas de forma permanente (y hasta el 100% para titulares de 4 o más inmuebles), así como recargos de entre el 50% y el 150% para inmuebles residenciales destinados a uso turístico.