Como indicábamos al principio, la ley fue aprobada el día 10 de septiembre en el Parlament y diez días después, se publicó en el DOGC, de modo que entró definitivamente en vigor el día 22 de septiembre. 

Todos los contratos que se firmen a partir de esa fecha deben regirse, en cuanto a rentas y demás condiciones mencionadas, por la nueva ley de la Generalitat de Catalunya.

Ciudadanos y el PP elevaron una consulta al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que señaló como inconstitucionales algunos puntos de la ley, al no tener Cataluña competencias para regular el alquiler. El dictamen se suma a las quejas de gran parte del sector, que confía en que el Tribunal Supremo o el Constitucional les dé la razón más pronto que tarde.

El PP, por su parte, denunció que la legislación invade las competencias estatales y anunció que recurrirán el decreto ley ante el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, los nuevos contratos de alquiler entre inquilinos y propietarios tienen que regirse ya por la nueva norma.