Asimismo, la ley prevé una prórroga extraordinaria que el casero debe aceptar obligatoriamente, salvo en casos concretos, cuando la vivienda se encuentre en una zona de mercado residencial tensionado.
«Previa solicitud del arrendatario, podrá prorrogarse de manera extraordinaria el contrato de arrendamiento por plazos anuales, por un periodo máximo de tres años, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor» (artículo 10.3 de la LAU).
Estas prórrogas protegen al inquilino, ya que le permiten seguir ocupando la vivienda sin cambiar las condiciones.
¿Qué pasa cuando vencen las prórrogas legales?
Una vez agotadas todas las prórrogas previstas legalmente es cuando realmente llega la duda: ¿mejor firmar un contrato nuevo o mantener el vigente? Si tanto el arrendador como el inquilino desean mantener la relación contractual, pueden acordar que el contrato siga vigente.
Al casero le permite mantener su vivienda ocupada sin necesidad de comprometerse a mantener el contrato de nuevo durante cinco o siete años más las prórrogas legales.
¿Qué implica firmar un contrato de alquiler nuevo?
La firma de un contrato nuevo supone formalizar una nueva relación contractual, aunque se trate de la misma vivienda y las mismas personas. Jurídicamente, el contrato anterior se extingue y se establece otro acuerdo con una fecha de inicio diferente y una nueva duración mínima de cinco o siete años, así como unas condiciones que pueden coincidir o no con las anteriores.
Esta alternativa permite revisar y modificar distintos aspectos del arrendamiento. Entre ellos pueden encontrarse la renta, las garantías adicionales, los gastos asumidos y otras condiciones particulares. No obstante, las modificaciones deben respetar los límites establecidos por la normativa aplicable.