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Las asociaciones Adicae y Asufin consideran imprescindible aplicar soluciones extrajudiciales ante el colapso de los juzgados especializados sobre cláusulas abusivas. Todo, después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya hecho públicos este lunes los datos referidos a dichos asuntos.

El número de asuntos pendientes de resolución en los Juzgados especializados en cláusulas abusivas suma un total de 239.445. Esto supone apenas un descenso del 1,88%, según los datos facilitados por el CGPJ y publicados por Europa Press.

¿Qué reivindican Adicae y Asufin?

Las asociaciones piden:

  • Agencia de Protección al Consumidor. La puesta en marcha de una agencia dedicada a ayudar a los consumidores contribuiría a desatascar de forma notable la litigiosidad bancaria, que por su elevado coste económico no es deseada por el consumidor financiero.
  • Diálogo banca-consumidor. La implementación de herramientas que promuevan el diálogo entre la banca y los consumidores permitiría poner solución a los conflictos y al colapso de la Justicia.

En cuatro años de actividad de estos juzgados se ha acumulado un volumen de casos «inasumible» para la Justicia, por lo que “urge dar darle la mayor prioridad posible a unos servicios de mediación y arbitraje independientes«, según ha indicado el presidente de Adicae, Manuel Pardos.

Además, teme que el fin de las medidas de apoyo, concretamente las moratorias surgidas durante este periodo, vuelva a disparar el número pleitos, y se agrave el colapso que ya sufren nuestros juzgados. Por este motivo, afirma que es necesario una gran agencia que reconcilie a la banca con sus consumidores, algo necesario para la economía y para la propia satisfacción de estos.

Por su parte, la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ha explicado que en la mayoría de estos litigios se da la razón al consumidor, por lo que un órgano extrajudicial avanzaría en la rápida resolución de estos contenciosos de consumo financiero. «Consecuentemente, ha añadido, se produciría un ahorro para las arcas públicas y los bolsillos de los consumidores que muchas veces no pueden afrontar los altos costes de un procedimiento».

Suárez ha concluido que “es responsabilidad del Gobierno y de las Comunidades Autónomas dotar de medios a los tribunales, de lo contrario están vulnerando el principio fundamental de la Constitución española al estarse produciendo dilaciones indebidas».