Hoy entra en vigor la nueva ley contra desahucios y emergencia habitacional en Cataluña

El pasado 23 de febrero el Parlament aprobó una serie de medidas urgentes en materia de vivienda para hacer frente a la emergencia habitacional y a la pobreza energética que existe en Cataluña.

La nueva normativa, que ha sido impulsada por Esquerra Republicana, la CUP, Junts per Catalunya y En Comú Podem, toma el relevo a la que anuló hace un año el Tribunal Constitucional por un defecto de forma. Analizamos en qué consistirá y qué puntos tiene en común con la nueva Ley de Vivienda.

¿En qué consiste la nueva normativa contra desahucios y emergencia habitacional que entra hoy en vigor?

Las nuevas medidas pretenden, como apuntábamos, afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda en Cataluña, por lo que impedirán los desalojos mediante la imposición a los grandes propietarios, así como ofrecer alquiler social a colectivos vulnerables o que hayan ocupado un inmueble y estén en riesgo de exclusión residencial.

Así, la nueva normativa prevé, entre otros, la obligación de ofrecer alternativas habitacionales a las familias en situación de vulnerabilidad e incrementa las obligaciones de los grandes tenedores de viviendas ante inquilinos que no pueden hacer frente al pago de la renta a que acrediten su vulnerabilidad económica.

Por ello, desde hoy, los grandes tenedores de viviendas, es decir, aquellos que dispongan de más de diez inmuebles, estarán obligados a ofrecer y renovar los alquileres sociales, eso es, por debajo del precio de mercado, incluso, si los habitantes del inmueble no disponen de un contrato, puesto que han ocupado el inmueble.

Aunque, como apuntábamos, la normativa entra hoy en vigor, desde que fue aprobada el pasado 23 de febrero, no ha dejado de crear controversia y muchas reacciones, como pasó con la nueva Ley de Vivienda.

Principales reacciones ante la nueva normativa que entra hoy en vigor en Cataluña

De nuevo, muchos sectores critican la falta de libertad y la vulnerabilidad a la que se enfrentarán los propietarios, algo que puede llevarles a poner sus viviendas en venta o, incluso, derivar en una bajada de la calidad del parque de inmuebles en España.

Además, como apuntábamos, el hecho de que los grandes tenedores estén obligados a renovar los alquileres durante cinco años, aún cuando los habitantes de dichos inmuebles no dispongan de contrato, hace que, según ellos, se proteja y ampare la ocupación de viviendas, un problema muy común en nuestro país, y muy especialmente en Cataluña.

De hecho, la Asociación de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) ya ha pedido al Gobierno que recurra la nueva normativa, ya que considera que es inconstitucional y que vulnera los derechos de los propietarios, además de fomentar la ocupación ilegal de viviendas.

Por su parte, la directora de estudios de Fotocasa, María Matos, afirma que, a pesar de las pequeñas modificaciones que se han hecho en la nueva normativa, se sigue vulnerando la propiedad privada y todo apunta a que creará una gran tensión en el sector. De hecho, asegura que existe una clara interferencia en las obligaciones que se ejercen sobre los propietarios.

Desde Fotocasa velamos por la protección de las familias vulnerables y de los colectivos en riesgo de exclusión social, aunque consideramos que la responsabilidad debe recaer sobre la administración pública, no sobre los propietarios de inmuebles. Según explica Matos, la situación debe solucionarse mediante acuerdos privados y mediante la construcción de viviendas asequibles. “El problema real es que hay una gran escasez de parque público de vivienda”, añade.

Matos también pronostica que esta nueva normativa provocará una “contracción de la oferta de alquiler y la paralización de la construcción de viviendas para este fin en Cataluña como ya ha ocurrido con la ley de precios”. Y es que, de nuevo, estas medidas generarán una gran inseguridad jurídica y, por ende, inestabilidad en el mercado inmobiliario, que es sumamente volátil.

Cabe recordar que el 90% del parque depende de los arrendadores, por lo que cualquier medida sancionadora impacta directamente en el sector y puede causar, precisamente, el efecto contrario al deseado.