El Gobierno está abierto a introducir sanciones si se incumple la nueva ley de vivienda

La ministra Raquel Sánchez está abierta a considerar la introducción de sanciones a los propietarios que incumplan los límites de precios en zonas tensionadas

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Una delegación de los sindicatos de inquilinos de Cataluña y Madrid presentó 10 propuestas el pasado viernes a Raquel Sánchez, entre las que se encuentra la introducción de sanciones a los propietarios que no se ajusten a la nueva ley de vivienda. Al parecer, la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana consideró que las propuestas eran razonables, por lo que estaría abierta a estudiarlas.

«El texto que hemos propuesto es un buen texto. Podemos asumir enmiendas que se presenten por los grupos políticos y por los colectivos, siempre y cuando se respete la distribución competencial con las comunidades autónomas», ha explicado en una entrevista en Ràdio 4 y la 2, recogida por Europa Press.

Sanciones por no respetar las normas de la nueva ley de vivienda

Por lo visto, el proyecto de ley no incluye propuestas sancionadoras para propietarios que no cumplan la nueva ley. De momento, el proyecto solo incluye recargos de hasta el 150% en la cuota del IBI a los propietarios de viviendas vacías, aunque su aplicación dependerá de cada ayuntamiento. Por ejemplo, los del PP ya descartaron esta medida. La ministra ha avanzado también que se buscarán los «máximos consensos posibles» con los grupos políticos para sacar adelante el proyecto de ley.

La ley paralela que presentó Unidas Podemos sí incluía sanciones por saltarse los límites de precios en las zonas tensionadas. Lo que proponía eran multas de entre 90.000 y 900.000 euros a quienes superasen los precios en un 10% del máximo establecido, indican desde ElEconomista. Por el momento, se desconoce cuáles son las sanciones propuestas por la delegación de sindicatos de inquilinos.

Los representantes de inquilinos hacen 9 propuestas más

El documento que el Sindicato de Inquilinos entregó recogía un total de 10 propuestas. Una de ellas son las sanciones por saltarse los límites de precios en las llamadas zonas tensionadas, es decir, aquellas áreas, ya se trate de un barrio, ciudad o municipio, en las que se ha producido un aumento sostenido del precio de los alquileres en los últimos años. Según la ley de vivienda, se considerarán zonas tensionadas aquellas áreas en las que el precio haya crecido cinco puntos por encima del IPC y en las que el gasto medio en los hogares para abonar el alquiler supere al 30% de sus ingresos mensuales.

Multas a todos los arrendadores, no solo grandes propietarios

Pero además de las multas, desde el sindicato exponen que la regulación debería afectar a todos los arrendadores, no solo a los grandes propietarios, tal y como establece la ley de vivienda. Otra de las cosas que también solicitan es que, además, sea suficiente para declarar una zona tensionada el hecho de que el precio de la vivienda registre un crecimiento de dos puntos, y no cinco, por encima de la inflación y que el presupuesto para pagar el alquiler y los suministros básicos supere el 30% de los ingresos.

Por otro lado, también requieren que la regulación de los precios que trae la nueva ley sea de aprobación inmediata, sin periodo de carencia de 18 meses, y que esta garantice la vigencia de los regímenes de contención de rentas ya firmadas, como ocurre en el caso de Cataluña.

El sindicato exige que la regulación de precios sea de aplicación inmediata, sin periodo de carencia de 18 meses

Piden que los gastos de las inmobiliarias las paguen los caseros

Otra de las peticiones es que los arrendadores sean los responsables de hacerse cargo de los gastos de las agencias inmobiliarias, que los contratos se renueven automáticamente si no hay incumplimiento de las condiciones del contrato o caso de que el propietario necesite la vivienda, y que las rentas se actualicen según el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), que limitaría las subidas de precio a un máximo del 2%.

Este documento también exige que la ley reconozca el papel de las organizaciones inquilinas y que se limite el alquiler turístico en los entornos urbanos residenciales. En materia fiscal, también se reclama que las desgravaciones para arrendadores se apliquen solo cuando la renta sea al menos del 15% inferior al índice de precios, mientras que lo que incluye ahora la ley es un 5%, o cuando la vivienda de alquiler sea de tipo alquiler social. Además, piden que los beneficios de socimi (sociedades anónimas cotizadas en inversión inmobiliaria) se eliminen.

Valorarán si se prorrogará el escudo social

A la vez que estudian estas propuestas, la ministra ha señalado que se va a valorar si el 28 se febrero se prorrogarán o no las medidas de escudo social que se iniciaron a raíz de la pandemia, ya que estas medidas se fijaron cuando «se dieron circunstancias excepcionales y particulares que ahora no se dan», ha indicado.

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