Algunos de los enunciados que no terminan de ser concretos son, por ejemplo, la definición de conceptos como infravivienda, vivienda digna y adecuada y condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero o el establecimiento de los deberes del ciudadano en relación con las actuaciones de conservación, reparación o mejora de la vivienda.
Por otro lado, también echa en falta más detalles sobre los medios que se emplearán para hacer efectiva la tutela del derecho a la vivienda. El borrador del CGPJ sobre la ley de vivienda dice que falta concreción en la intervención de precios «parece haber renunciado a regular mecanismos pre o extraprocesales específicos» para asegurar el cumplimiento de las limitaciones que se introducen en la disposición final primera del texto, dejando en manos de los órganos judiciales su exigibilidad y cumplimiento».
¿Qué significa esta afirmación? Que al no haber establecido unas reglas detalladas sobre cómo se asegurará el cumplimiento de los nuevos mecanismos, parece que se deja en manos de los órganos judiciales esta tarea, lo que podría tener una incidencia en la carga de trabajo que ya soportan los tribunales.
Se echa en falta un análisis del resultado de las nuevas medidas
Recuperando la cuestión de cómo se intervendrán los precios del alquiler en las zonas tensionadas, el borrador hace referencia a que falta una justificación de dichas medidas que se base en un análisis empírico del resultado de su aplicación.
Para comprobar su viabilidad, ha sugerido establecer un periodo temporal de aplicación de las nuevas medidas para la intervención de precios del alquiler. De esta forma, se podrá evaluar su eficacia tanto en el mercado del alquiler como desde el punto de visto social y económico. “El hecho de que estas medidas de contención de los precios estén dirigidas a los alquileres en las zonas de mercado residencial tensionado –declaración cuya vigencia es de tres años, prorrogables-, no conlleva por sí mismo un análisis empírico del resultado de su aplicación”, aclara la propuesta de informe de CGPJ.
Inconcreto, pero ajustado a la Constitución
Es cierto que hay una falta de concreción sobre la intervención de precios en el alquiler, sin embargo, el informe considera que el contenido del antreproyecto es compatible con la Constitución, ya que se mueve dentro de los parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, indican.
En este sentido, pese a su carácter básico, el borrador del CGPJ considera que las medidas son un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda, recogido en la Constitución. El texto pretende garantizar el cumplimiento de este derecho para todos los ciudadanos españoles.
