El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Gobierno central contra el decreto-ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento del fin social de la vivienda, al considerar que la expropiación de estas invade la competencia exclusiva del Estado en materia de «coordinación de la planificación general de la actividad económica».
Según la sentencia, el Estado ha puesto en marcha medidas con una doble finalidad: proteger a los deudores hipotecarios y promover el mercado hipotecario con la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito, y entiende que el decreto-ley andaluz, con las expropiaciones, obstaculiza la eficacia de las medidas de política económica desarrolladas por el Gobierno. La sentencia cuenta con tres votos particulares.
Cabe recordar que de forma posterior a este decreto, la Junta de Andalucía dictó una Ley de Vivienda que derogó en parte el decreto-ley. Dicha ley fue también recurrida ante el TC por el Gobierno y está pendiente de resolución por el pleno.
