El Gobierno prorroga de nuevo la prohibición de los desahucios y los cortes de suministros

El Gobierno prorrogará, como mínimo, hasta octubre una de las medidas especiales más destacadas del llamado escudo social, que puso en marcha cuando estalló la pandemia: la prohibición de desahuciar a las familias vulnerables sin alternativa habitacional, que ha ido extendiendo desde entonces y de manera excepcional.

De hecho, el 30 de septiembre, es la fecha en la que se prevé que entre en vigor la nueva Ley de Vivienda que, entre otras medidas, regulará los desahucios, para ofrecer una alternativa habitacional a las familias en situación de vulnerabilidad.

De la misma manera, pero en este caso hasta el 30 de junio, no se podrán cortar los suministros básicos a los consumidores considerados vulnerables o en riesgo de exclusión social.

La nueva Ley de Vivienda regulará los desahucios y éstos serán competencia del Gobierno

A diferencia de la regulación de los alquileres, o el recargo del 150% del IBI a las viviendas vacías, que será competencia de las comunidades autónomas, se prevé que la nueva Ley de Vivienda regule los desahucios para evitar que todas aquellas familias en situación de vulnerabilidad se queden sin casa.

De hecho, la nueva ley velará para que los servicios sociales y los jueces se coordinen de tal manera que puedan ofrecer soluciones habitacionales a las familias vulnerables de manera rápida y eficaz. El Gobierno también garantizará que éstas puedan vivir en inmuebles asequibles y no en albergues, que es lo que ocurre actualmente en algunas comunidades autónomas españolas.

Aún no ha trascendido de qué forma la nueva Ley de Vivienda tiene previsto regular el corte de suministros básicos. Sin embargo, como apuntábamos, de momento hasta el 30 de junio, se prohíben los cortes de agua, luz y gas a todos los núcleos familiares en situación de vulnerabilidad.

Y es que, según ha manifestado el Gobierno, se trata de una medida que va en línea con el marco implementado para detectar y reducir el fenómeno de la pobreza energética. De hecho, tras las numerosas subidas de los precios de la energía, y con ella, de la factura de la luz, España se ha convertido en uno de los países europeos con la electricidad más cara de Europa.

La nueva Ley de Vivienda velará por reducir el fenómeno de la pobreza energética

Actualmente, y a pesar de las medidas tomadas por el Ejecutivo, se estima que en España más de cuatro millones y medio de personas están en situación de pobreza energética, es decir, son incapaces de pagar por los servicios mínimos para cubrir sus necesidades básicas o, en su defecto, deben destinar gran parte de sus ingresos a hacerlo. Se trata, por lo tanto, de una problemática que afecta directamente a personas en situación de pobreza y/o exclusión social, aunque cada vez más familias no pertenecientes a estos grupos tienen problemas para afrontar el pago de las facturas del hogar.

Por lo tanto, según algunos expertos, es posible que la nueva Ley de Vivienda también incluya medidas para reducir el fenómeno de la pobreza energética en nuestro país.

Las asociaciones de consumidores alertan de que otros países europeos disponen de políticas orientadas a hacer desaparecer la pobreza energética, mientras que España no tiene un plan de acción claro al respecto. De hecho, en nuestro país, los impuestos representan más del 26% del importe de la factura de la luz: el 21% que corresponde al IVA y el 5,11%, que corresponde al impuesto sobre la electricidad.

Para reducir ligeramente este importe, el Gobierno ha congelado los cargos eléctricos y los peajes energéticos, además de ofrecer ayudas como el Bono Social Térmico. Asimismo, ahora, como ya hemos comentado, prorrogará hasta el 30 de junio los cortes de suministros básicos y, todo apunta, a que la nueva Ley de Vivienda también regulará esta cuestión, que crea tanta controversia.

Cabe destacar que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre un 30% y un 50% de las muertes adicionales que tienen lugar en España durante el invierno están causadas por la falta de climatización en los hogares, debido a la pobreza energética. A esto hay que sumarle las familias que, también por falta de recursos económicos, no pueden hacer frente al pago de su vivienda y acaban desahuciadas.

Por ello, la prórroga de estas dos medidas por parte del Gobierno ha tenido una gran acogida por parte de los expertos del sector que, sin embargo, piden soluciones más drásticas y concretas para terminar con la vulnerabilidad económica de las familias españolas.