El Gobierno Balear inició el lunes un trámite sin precedentes: el proceso administrativo para la expropiación temporal de 56 viviendas de grandes propietarios para dedicarlas al alquiler social.
Esta operación, que costará 1,8 millones de euros repartidos en seis años, pretende destinar estas viviendas a personas en situación de especial vulnerabilidad económica, a quienes se les permitirá pagar unas rentas que en ningún caso podrán superar el 30% de sus ingresos.
Se trata de una operación que, según el nuevo conseller de vivienda y movilidad del Gobierno Balear, Josep Marí, “permitirá devolver la función social a pisos cerrados del mercado especulativo”. Sin embargo, aún falta saber la reacción de los bancos y de las sociedades inmobiliarias, que pueden recurrir la decisión.
Ley de Viviendas de las Islas Baleares
Los baleares se amparan en la Ley de Viviendas que su Gobierno aprobó en el año 2018, y en el cual se apoya este procedimiento, siempre que exista un déficit de pisos destinados al alquiler social. Esta misma ley defiende la creación de un registro de pisos vacíos, los cuales siempre podrán ser objeto de cesión temporal al Instituto Balear de la Vivienda, “con el fin de poder dar respuesta a la necesidad objetiva de vivienda”.
Mientras tanto, el Gobierno de coalición sigue con discrepancias: mientras el PSOE aboga por desgravar los impuestos a los propietarios, Unidas Podemos exige rebajar los precios del alquiler en la futura Ley de Vivienda.
Pasos a seguir por parte de los propietarios
Después de publicarse en el diario oficial balear, se procederá a notificar a los propietarios de la decisión del Gobierno y, por lo tanto, se abrirá el plazo de alegaciones. En el caso de que los propietarios no estuvieran de acuerdo con dicha resolución, podrán proceder a recurrir ante las autoridades judiciales. Si estas no le dieran la razón, tendrá que ceder su piso a las autoridades sin opción a recuperarlo en los próximos siete años como mínimo.
Después de este periodo, el Gobierno se compromete a devolver la vivienda en las mismas condiciones, así como a compensar a los propietarios de estos 56 inmuebles con 1,8 millones de euros, lo que equivale a un alquiler de 391 euros al mes de media, dependiendo de dónde estén ubicado los pisos.
Si tenemos en cuenta que en las islas Baleares un alquiler convencional no baja de los 534 euros al mes de media según el Ministerio de Fomento, y que es la comunidad autónoma con el precio de alquiler de vivienda más caro de España, se trata de una situación extraordinaria.
Además, algunos pisos todavía no están acondicionados para entrar a vivir. Por ello, se deberán destinar unos 400.000 euros a remodelarlos; un gasto que irá a cuenta de los propietarios. En el caso de que estos se nieguen a abonarlo, se les descontará directamente de la renta que recibirán por ellos.
Cabe destacar que en ningún caso el Gobierno balear pasará a ser el propietario de las viviendas; sino que pasará a expropiar su uso. Esto significa que el dueño del piso conservará la nuda propiedad de este, pero que su uso estará cedido y expropiado.
Sin precedentes
A pesar de que algunas comunidades autónomas han llevado a cabo procedimientos similares, la mayoría de ellas sigue en fase de detectar los inmuebles vacíos. De hecho, según ha explicado el consejero de movilidad y Vivienda, Josep Mari, “todavía no se ha producido ninguna medida de cesión obligada de viviendas de este alcance”.
¿Qué es un gran tenedor?
La ley autonómica de vivienda define como gran tenedor a las personas físicas o jurídicas que poseen diez o más viviendas. Cuando los pisos que poseen llevan dos o más años sin ser habitados, pasan a considerarse desocupados.
La ley obliga a los grandes tenedores a inscribir en el registro los pisos que llevan más de dos años desocupados, lo que permite al Gobierno disponer de ellos para alquiler social.
En esta ocasión sin precedentes, las 56 viviendas se reparten de la siguiente manera: 27 en Mallorca, 23 en Menorca y 6 en Ibiza.
