El Parlament de Catalunya aprobó en septiembre una ley pionera y muy polémica para regular el precio del alquiler en toda la Comunidad Autónoma. Entre las medidas que contempla la ley catalana del alquiler destaca la obligación de mantener o bajar el precio de los arrendamientos en zonas residenciales tensionadas, es decir, donde hay escasez de vivienda asequible y siempre que estas tengan más de 20.000 habitantes.
En total son sesenta municipios, las cuatro capitales de provincia y el grueso del área metropolitana de Barcelona. En esas zonas la renta de los nuevos contratos no puede superar el precio por metro cuadrado que establece el índice de rentas de la Agència de l’Habitatge de Catalunya. La ley también prohíbe que los propietarios suban el precio del alquiler de su vivienda, aún cuando este sea inferior al que establece el índice, y si incumplen la normativa pueden llegar a pagar hasta 90.000 euros de multa.
Quedan exentos de cumplir este decreto los arrendadores vulnerables, es decir, aquellos cuyos ingresos mensuales sean inferiores a 2.000 euros.
El Gobierno recurrirá la ley catalana de vivienda porque dice que es inconstitucional
El Gobierno recurrirá esta ley, ya que considera que es inconstitucional y que vulnera los derechos de los propietarios, además de crear una gran inseguridad en el sector inmobiliario.
Así lo anunció este lunes el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que añadió que es necesario recurrir la norma ante el informe de la Comisión de Garantías Estatutarias de Catalunya, en el que ya se advertía, antes incluso de su aprobación, de la vulneración de competencias en algunas partes de la norma y de que el Parlament no tenía competencias para regular el precio del alquiler.
Sin embargo, el Gobierno ha aclarado que no solicitará, de momento, la suspensión automática de la normativa, por deferencia a la Generalitat. Un gesto que, para muchos expertos, no es más que una estrategia que buscaría salvar la futura ley de vivienda nacional y proteger las negociaciones aún en marcha.
El Ejecutivo ha aprobado la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley catalana de vivienda alegando que vulnera competencias estatales.
La OCDE también está en contra del control de alquileres en España
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también se ha pronunciado en contra de limitar el precio del alquiler. Y es que afirma que se trata de una medida que provocará efectos muy negativos en el mercado del alquiler y que no garantiza el acceso a la vivienda asequible a los colectivos vulnerables.
Sin embargo, la organización también ha criticado al Gobierno, dado que España es uno de los países donde hay menos inversión en vivienda pública y donde los ciudadanos destinan más dinero a pagar su vivienda de alquiler; concretamente más del 40% de sus ingresos, cuando en la OCDE la media de países ronda el 34%.
Según la organización, la forma más eficiente de solucionar el problema de alquiler que hay en España es mediante un incremento significativo de la oferta de vivienda social por parte del Gobierno.
