Iberdrola presentará recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la sanción de 25 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por manipulación del precio de la energía eléctrica a finales de 2013.
La compañía niega «rotundamente» haber realizado cualquier manipulación fraudulenta de los precios mediante las ofertas de sus instalaciones de generación hidroeléctrica, por lo que presentará un recurso ante la Audiencia Nacional al considerar que su actuación «fue siempre correcta y ajustada a Derecho».
El grupo energético considera que en el periodo analizado por la CNMC, entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, no hubo manipulación tendente a alterar el precio de la energía eléctrica, ya que «no se interfirió en el proceso de formación del precio en el mercado eléctrico» y tampoco medió «en ningún momento engaño o fraude».
Interpretación “incorrecta y sesgada”
Iberdrola afirma que su comportamiento fue «perfectamente racional y legítimo» y que los hechos en los que se basa el expediente, «respecto de los que por su propia transparencia no hay discusión, se interpretan y califican por la CNMC de manera incorrecta y sesgada a través de una serie de inconsistentes juicios de intenciones».
Afirma también que no obtuvo ningún beneficio con esta supuesta actuación, y subraya que la resolución es «manifiestamente incoherente» con decisiones previas de la CNMC, que ya se había pronunciado acerca de las circunstancias ‘atípicas’ «(alta demanda eléctrica -ola de frío-, subida del precio del gas, ausencia de viento y de lluvia, entre otras) que concurrieron en el mercado eléctrico en las semanas previas a la celebración, el día 19 de diciembre de 2013, de la subasta Cesur».
La eléctrica también recuerda que una sentencia de la Audiencia Nacional del 4 de julio de 2012 ya anuló la única sanción (de 2,4 millones de euros) impuesta a Iberdrola Generación, basada en el mismo tipo sancionador, debido a la falta de prueba de los elementos que requiere la infracción, «que tampoco se han probado en el caso presente», añade.
