18 septiembre 2018

La reciente aprobación en el Congreso de la modificación de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil para agilizar los procesos contra la ocupación ilegal de vivienda ha sido acogida entre la sociedad civil con júbilo, ya que permitirá mejorar los procedimientos de desahucio, garantizando la propiedad privada frente a la intrusión.

Una situación que tanto particulares como empresas del sector inmobiliario deben lidiar casi a diario. No obstante, con la reformulación de este nuevo texto, esto va a cambiar… aunque no para todos, ya que sólo amparará a personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y organismos públicos poseedores de una propiedad. El objetivo es poner cerco a las mafias de la ocupación inmobiliaria ilegal, que no sólo se lucran de propiedades ajenas, sino que dificultan los procesos de compraventa.

Que capitales como Madrid y Barcelona sea, actualmente, las zonas con más demanda, en parte por el creciente interés del turista extranjero que busca las áreas más céntricas para alojarse, ha provocado que los precios estén experimentado una notable subida mes a mes, situándose, incluso, en niveles pre crisis. A esto hay que sumar la falta de stock para satisfacer la creciente demanda.

 

ocupación ilegal

 

Usurpación de viviendas vacías

En parte, se podría dar respuesta a esta necesidad latente si se consigue dar salida a muchos pisos vacíos, la mayoría de ellos todavía en manos de entidades bancarias, que se encuentran en el limbo. De ello, han echado cuenta organizaciones delictivas que, con total impunidad, rastrean estas viviendas sin uso, e incluso les cambian la cerradura, para adueñarse de esta propiedad ajena. Y, lejos de residir en ella, negocian y alquilan la vivienda a terceros, muchos de ellos desconocedores de que el piso lo van a ocupar de forma ilegal.

Estos grupos han conseguido tejer una red muy bien organizada y, sobre todo, localizan inmuebles en zonas céntricas, donde, casualmente, existe más demanda. Además, son conscientes de que pueden actuar durante un período prudencial hasta que la justicia tome cartas en el asunto. Pero también hay quien decide entrar a vivir con la esperanza de pedir un rescate a su propietario por abandonar la vivienda o, simplemente, como ocurre con muchas fincas de Ciutat Vella en Barcelona, por ejemplo, se usan, como se ha conocido popularmente, como ‘narcopisos’ para la venta y distribución de droga, provocando un alto grado de inseguridad entre los vecinos.

Los ocupas ilegales saben que pueden residir durante dos años, ya que es el tiempo aproximado hasta que el juez dicta sentencia. Con la reformulación de esta ley, los propietarios podrán exigir a los inquilinos que justifiquen su situación en la vivienda. En caso contrario, o si no se da respuesta en cinco días, se exigirá la entrega inmediata de la posesión de la vivienda que puede darse en un plazo no superior a dos meses.

Una vieja reivindicación que, por fin, ve la luz aunque fondos de inversión y sociedades patrimoniales familiares quedan exentas de esta nueva resolución. Así que las empresas del sector inmobiliario deben seguir trabajando, para evitar la usurpación ilegal durante el trámite entre que se adquiere una propiedad y se actúa para darle una nueva salida en el mercado.

 

¿Cómo actuar?

A las empresas del sector no les queda otra que seguir con su ‘modus operandi’ para evitar la entrada de personal ajeno a la vivienda. Muchas de estas compañías trabajan, tras la adquisición de la propiedad, en mejorar su estado de conservación. Para ello, la vivienda debe permanecer cerrada por un período de tiempo, hasta que se completan todos los trámites, antes del inicio de las obras en la finca. Sin embargo, ese momento puede ser aprovechado por estos grupos, para acceder a la vivienda.

Por este motivo, muchas compañías deciden invertir en sistemas de seguridad. La más común es la instalación de puertas anti-okupas, pero en el mercado existen otros sistemas complementarios como la colocación de cámaras de vigilancia o sensores de movimiento, para saber en tiempo real si alguien ha accedido a la vivienda y poder dar aviso a los cuerpos policiales para que intervengan de inmediato.

Otra de las prácticas es la contratación de personal de seguridad privada las 24 horas, para cerciorarse que la finca se mantiene a salvo de cualquier usurpación. Una situación que obliga tanto a particulares como a empresas a invertir un importante gasto económico, para luchar contra estos grupos e impedir que puedan ocupar la vivienda con facilidad. Una lacra que empaña el mercado inmobiliario y priva de dar respuesta al poco stock inmobiliario existente en ciudades con mayor demanda de vivienda.

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