Promedio de puntuación 4 / 5. Recuento de votos: 1

Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este contenido.

El pasado 26 de octubre, el Congreso aprobó la nueva ley de vivienda de 2021 y el anteproyecto de ley ya está echando a andar. Tras esperar ocho meses de retraso, ha llegado el texto que delimitará las subidas abusivas del precio del alquiler, regulará los desahucios, obligará a pagar más impuestos por las viviendas vacías, ofrecerá bonos de ayuda para jóvenes, creará un fondo social de vivienda o impulsará las viviendas públicas. En este último punto es en el que nos vamos a centrar, ya que existen muchas preguntas, todavía sin respuesta, alrededor de esta cuestión.

En el momento en el que se apruebe el texto final, las actuales viviendas sociales podrían mantener la condición de viviendas de calificación indefinida. Según el anteproyecto «la Ley garantiza que la vivienda protegida, ya sea social o de precio limitado, no pueda descalificarse, salvo en el supuesto de viviendas promovidas sobre suelos cuya calificación urbanística no imponga dicho destino y que no cuenten con ayudas públicas para su promoción, o en aquellos casos que excepcionalmente se justifique de acuerdo con la normativa autonómica, no pudiendo ser en tales supuestos excepcionales, el periodo de calificación inferior a 30 años».

Esta futura ley de vivienda recogerá, como hemos dicho, la imposibilidad de vender una vivienda pública en el mercado libre, por lo que las viviendas estarían sometidas al régimen de protección pública permanente.

¿Qué busca impedir la calificación de VPO permanente?

La nueva ley de vivienda recogerá también la imposibilidad de vender viviendas públicas por parte de las administraciones a entidades privadas, como los fondos de inversión, por lo que esta nueva cláusula podría impedir que se repitan sucesos como el que tuvo lugar en Madrid, cuando el Ejecutivo regional puso en venta cerca de 3.000 viviendas a un fondo de inversión. Esta operación fue anulada por el Tribunal Supremo. Otro caso similar tuvo lugar ese mismo año, en 2013, cuando la exalcaldesa Ana Botella vendió un total de 1.860 pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid al fondo de inversión Blackstone.

Con las viviendas de calificación indefinida se podrá evitar la enajenación de la vivienda protegida, que contará con la calificación de vivienda protegida de forma continuada salvo en casos excepcionales: «innecesaridad de este tipo de viviendas o la imposibilidad sobrevenida de dicho destino, con independencia de que puedan modificarse las condiciones de la vivienda protegida para atender a la demanda y necesidades del ámbito territorial».

Viviendas de calificación indefinida: ¿tendrá carácter retroactivo esta normativa?

La venta o alquiler de las viviendas protegidas a particulares estarán sujetas a las condiciones que fija la normativa y la asignación del nuevo inquilino o propietario se hará en función de las personas demandantes de este tipo de vivienda, inscritos en los registros públicos como demandantes de VPO: VPPL (Vivienda de Protección Pública de precio Limitado) o VPPB (Vivienda de Protección Pública de precio básico).

Pero ¿esta cláusula se aplicará a las nuevas viviendas de protección oficial o tendrá carácter retroactivo? Es pronto para saberlo, ya que en el texto del anteproyecto no viene especificado. Sin embargo, lo que podría tener más sentido es que solo las nuevas viviendas sociales estén sujetas a esta nueva normativa. En el supuesto de que la futura normativa se aplique de forma retroactiva, sería necesario devolver las cantidades en caso de enajenación de la vivienda con posterioridad a su descalificación. Pero, como recalcamos, todavía se desconoce cómo se aplicará la nueva cláusula en este punto.

¿Se ampliará la oferta de vivienda protegida en España?

Sí. La nueva ley de vivienda prevé destinar un 30% de las promociones de obra nueva a vivienda protegida, con el fin de ampliar el parque público de vivienda. El 15% de dicha cifra estará destinada a alquileres sociales. Asimismo, la nueva normativa plantea la creación de la vivienda asequible incentivada, en la que los propietarios privados contarán con beneficios fiscales o urbanísticos a cambio de destinar viviendas al alquiler a precios reducidos.

La ley alude a que el parque actual de vivienda pública es de 290.000 viviendas, lo que apenas llega al 1,6% de los 18,6 millones de inmuebles del país. En países como Francia, Alemania, Reino Unido o Dinamarca alcanzan el 15%. Con el fin de aumentar la oferta se establecerán las acciones detalladas, con mecanismos de compensación de las administraciones a dichos promotores.

Adicionalmente, esta nueva ley establece la creación del bono joven para el alquiler, pensado para los jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos inferiores a 23.725 euros anuales. El bono de 250 euros podrá complementarse con otras ayudas directas al alquiler de hasta el 40% de su valor.