Europa quiere construir 10 millones de viviendas para frenar la crisis: qué propone y cómo afecta a España

La crisis de vivienda en Europa ya es una prioridad política. El Parlamento Europeo ha aprobado las recomendaciones finales de su Comité Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la UE, un órgano creado para proponer soluciones frente al encarecimiento, la falta de oferta y el acceso cada vez más difícil a la vivienda.

Entre las medidas planteadas destaca un objetivo ambicioso: impulsar la construcción de alrededor de 10 millones de viviendas adicionales en Europa para aumentar la oferta y contener los precios.

Pero, ¿qué propone exactamente el Parlamento Europeo para conseguirlo? ¿Puede influir en el mercado inmobiliario español?

¿Qué es el Comité Europeo sobre la crisis de vivienda?

El Parlamento Europeo creó en diciembre de 2024 el Comité Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la Unión Europea con un encargo claro: analizar las causas del problema y proponer medidas para garantizar vivienda digna, sostenible y asequible en todos los Estados miembros.

No es un órgano legislativo con poder directo para aprobar leyes, pero sí tiene capacidad de influir en futuras iniciativas legislativas de la Comisión Europea y en la orientación de fondos comunitarios.

El hecho de que la vivienda tenga ahora un comité específico dentro de la Eurocámara refleja que el problema ha dejado de ser local para convertirse en estructural a escala europea.

¿Qué medidas proponen?

El informe adoptado por el Comité y aprobado por el Parlamento el pasado 9 de febrero coloca el aumento de la oferta como eje central de la estrategia.

El eurodiputado español Borja Giménez Larraz, ponente del informe, defendió que la respuesta pasa por «colocar la oferta en el centro» y crear el marco adecuado para que se puedan desarrollar millones de nuevas viviendas.

Las propuestas incluyen:

• Movilizar inversión pública y privada para vivienda asequible.
• Reasignar fondos europeos no utilizados del Plan de Recuperación.
• Facilitar la inversión en vivienda social mediante la simplificación de trámites.
• Revisar la normativa de ayudas estatales para facilitar la inversión pública en vivienda social.
• Modificar marcos fiscales para incentivar la renovación y la nueva construcción de vivienda con tipos reducidos de IVA.
• Incentivar fiscalmente a los hogares con ingresos bajos y medios y eliminar barreras fiscales a los compradores primerizos.
• Fomentar que el alquiler de larga duración sea más asequible y regular de forma equilibrada el de corta duración.

La lógica es clara: sin más oferta residencial, los precios difícilmente podrán estabilizarse.

Permisos urbanísticos en 60 días: ¿puede aplicarse en España?

Una de las recomendaciones del informe que sobresale por su concreción es limitar a 60 días la tramitación de permisos para proyectos de vivienda sostenible y asequible.

El Parlamento ha pedido así a la Comisión Europea un «paquete de simplificación» que reduzca la burocracia en el sector inmobiliario, impulse la digitalización de licencias y agilice la concesión de permisos.

Si se trasladara a políticas nacionales, supondría un cambio significativo en los plazos de desarrollo residencial.

En España, donde los trámites urbanísticos pueden prolongarse durante meses o incluso años dependiendo del tipo de licencia y municipio, esta propuesta podría tener especial relevancia.

Se pide un equilibrio entre el alquiler turístico y el acceso a vivienda asequible

El comité también aborda el impacto del alquiler de corta duración en las grandes ciudades.

Los eurodiputados señalan que la futura ley sobre alquileres a corto plazo debe garantizar un equilibrio entre facilitar el turismo y la asequibilidad de la vivienda, evitando que la proliferación de alquileres de corta duración amenace el acceso a vivienda asequible.

En nuestro país, donde el debate sobre el alquiler turístico está especialmente presente en ciudades como Barcelona o Madrid, esta línea podría reforzar futuras regulaciones.

Desde el Parlamento Europeo no se plantea una prohibición general, sino un marco que evite distorsiones en el mercado.

Vivienda social y eficiencia energética: más inversión europea

Otro eje del informe es el impulso a la vivienda pública y social en la Unión Europea.

El Parlamento pide que los fondos del Plan Europeo de Vivienda Asequible se destinen prioritariamente a:

• Mejorar la eficiencia energética del parque residencial.
• Combatir la pobreza energética.
• Garantizar estándares mínimos de calidad, aislamiento y aire interior.
• Aumentar la proporción de vivienda social en las ciudades europeas.

En España, donde el parque de vivienda social es reducido en comparación con otros países europeos, estas recomendaciones podrían influir en la orientación de futuros programas financiados con fondos comunitarios.

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Hacia una soberanía industrial en la construcción

El informe también introduce un elemento estratégico: reforzar la autonomía europea en el sector de la construcción y la rehabilitación.

Entre las propuestas:

• Impulsar productos sostenibles fabricados en la UE.
• Establecer requisitos mínimos de origen europeo en proyectos financiados con fondos comunitarios.
• Mejorar condiciones laborales y formación en el sector.
• Facilitar la movilidad de trabajadores cualificados dentro de la UE.

En un contexto ahora de escasez de mano de obra especializada en España, esta dimensión industrial podría tener impacto indirecto en costes y plazos de construcción.

¿Cómo puede afectar el Comité Europeo de Vivienda a España?

Aunque la competencia en vivienda sigue siendo nacional, las recomendaciones del Parlamento Europeo pueden influir en España a través de:

• Decisiones ligadas a fondos europeos.
• Toma de medidas fiscales para jóvenes y compradores primerizos.
• Orientación sobre regulación del alquiler turístico.
• Presión para agilizar permisos y aumentar oferta, lo que podría abaratar precios en el futuro.

Para España, uno de los mercados más tensionados en precios y oferta, cualquier iniciativa europea en materia de construcción, financiación o regulación podría acabar teniendo consecuencias prácticas en los próximos años.

El Gobierno ha anunciado este lunes de hecho que construirá 15.000 viviendas al año con el fondo España Crece, dotado con 13.300 millones de euros del Plan de Recuperación de la Unión Europea.