Entrevista a Alejandra Jacinto, portavoz de vivienda de SUMAR, sobre las propuestas de vivienda de su partido para el 23J

Las elecciones generales en España tendrán lugar el próximo domingo 23 de julio de 2023. La vivienda es uno de los principales puntos de propuestas de prácticamente todos los partidos políticos y una de las materias que más preocupan a los ciudadanos. Por ello  desde Fotocasa hoy entrevistamos a Alejandra Jacinto, portavoz de vivienda de SUMAR, sobre el sector de la vivienda en España y sus propuestas de cara a las elecciones del 23J.

Entrevistas a los principales partidos políticos sobre las medidas de vivienda que proponen para las elecciones del 23J

Entrevista a Alejandra Jacinto, portavoz de vivienda de SUMAR

El esfuerzo para ahorrar el dinero necesario para comprar una vivienda no ha parado de crecer en los últimos años, haciendo cada vez más difícil a los ciudadanos acceder a la compra de una vivienda ¿podremos ver medidas como la Línea Mitma-ICO para un perfil más amplio de la población? 

No creemos que la solución a la crisis de vivienda pase por inflar artificialmente la demanda. La medida de avales ICO no es nueva en el contexto internacional. La medida ha sido aplicada de forma desastrosa en varios países durante décadas: en Reino Unido (Help to Buy de M- Thatcher), Canadá, Australia y Nueva Zelanda, entre otros. Con evaluaciones rigurosas de la medida, el resultado ha sido el siguiente: 

• Es una ayuda que es inflacionista. Los precios de las viviendas se disparan, tanto para la compra, pero también para el alquiler por arrastre, vía reactivación del crédito hipotecario y aumento de expectativas de revalorización. En un contexto de oferta rígida, el aval ICO como política de demanda genera inflación.  
• Es una medida regresiva. Aunque haya topes de ingresos para acceder a ella. Este tope es muy alto para los ingresos medios españoles (37.000€ una persona, 74.000€ para una pareja), y como quién concede la hipoteca es la banca, esta seleccionará los perfiles con mayores ingresos, dejando detrás a los más vulnerables. Medida que de hecho beneficia a personas con mejores ingresos y perjudica a más vulnerables por la subida de precios de los inmuebles. 
• Es una ayuda a la banca disfrazada de política social, dado que privatiza los beneficios, pero socializa las pérdidas (paga el Estado el riesgo de impago y la Banca se queda con el beneficio). 

En España, de acuerdo con un estudio de Eurostat, los jóvenes se emancipan casi a los 30 años ¿qué medidas creen que son las más adecuadas para ayudar a este colectivo a acceder a una vivienda – en alquiler – a una edad más temprana?

La combinación de tres medidas: 

1. La creación de un gran parque protegido de vivienda de hasta 2 millones de viviendas en 10 años. De las cuales algunas se destinarán especialmente para jóvenes. 
2. El aumento de las ayudas al alquiler, de las habrá una línea destinada especialmente para jóvenes (bono joven). 
3. La obligación de aplicar la regulación de alquileres a todas las zonas de mercado tensionado de España. Que servirá como medida de choque para, mientras se construyen las viviendas sociales, ofrecer mayor seguridad de la tenencia a los jóvenes. 

En cuanto al bono joven de ayuda al alquiler, supone un respiro para la mayoría de jóvenes pero según el precio medio de una vivienda en ciudades tensionadas como Madrid o Barcelona, el límite de los 900€ de renta se queda muy por debajo, haciendo que los jóvenes que realizan un mayor esfuerzo salarial no puedan optar al bono. ¿Han pensado en ampliar el límite?

Si, valoramos positivamente ampliar el límite en ciudad especialmente tensas, pero siempre y cuando se haya declarado la ciudad como mercado tensionado y se esté aplicando una regulación de alquileres junto a un programa de construcción masiva de vivienda protegida. Porque en caso contrario, estaríamos de nuevo, inflando artificialmente los precios y dando una ayuda a los propietarios disfrazado de política social. 

Han sido unos de los precursores de la ley de vivienda ¿Cuáles creen que son los efectos más inmediatos para la población de esta nueva normativa?

Dos efectos inmediatos: 

• el primero que a partir de que la Ley de Vivienda es vigente, ningún inquilino pagará más por un servicio que nunca pidió y por el que no se beneficia: la comisión inmobiliaria, que llega a significar en algunas zonas un pago de una mensualidad y en otras del 10% de la anualidad más IVA. 
• El segundo, de momento, en las CCAA que están empezando los procedimientos de declaración de zona tensionada, los inquilinos que vivan en esas zonas estarán más protegidos gracias a la regulación de alquileres.

Siguiendo con la ley de vivienda, los propietarios de viviendas en alquiler miran hacia la nueva ley con desconfianza. Creen que les desincentiva a mantener las viviendas en el mercado y esto está reduciendo la oferta. Además, califican las bonificaciones fiscales de insuficientes ¿Por qué no han contado con el consenso del sector? ¿Les preocupa que nos encontremos con un mercado compacto y de difícil acceso, en el que los precios no se relajen porque cada vez hay menos oferta?

No compartimos la premisa. La evidencia empírica más rigurosa en España sobre la regulación de alquileres catalana (regulación que inspira la Ley de Vivienda) demostró que mientras que bajaron los precios de media entre un 4-6% no afectó la oferta de viviendas. Aquí la evidencia:

Jordi Jofre-Monseny, Rodrigo Martínez-Mazza, Mariona Segú Effectiveness and supply effects of high-coverage rent control policies, Regional Science and Urban Economics, Volume 101, 2023, 103916, ISSN 0166-0462, 

Por otro lado, el diálogo social en vivienda es una parte fundamental de nuestra apuesta. Por eso hemos incluido la idea de desarrollar el Artículo 26 de la Ley de Vivienda, la creación de un Consejo Asesor Tripartito en Vivienda, que permita incluir a todos los actores del sector a negociar con el gobierno las futuras normativas y planes de vivienda. 

Y sobre las bonificaciones fiscales, pensamos que están mal enfocadas y que deben modularse de la siguiente manera: reformaremos el sistema de incentivos fiscales de la Ley de Vivienda, beneficiando fiscalmente solo a los propietarios que alquilen sus viviendas al precio igual o por debajo del índice de referencia, establecido en función del 30% de los ingresos de los hogares que alquilan. 

Según el Observatorio de la Vivienda y el Suelo, España se encuentra a la cola europea en cuanto a vivienda social, con un 2,5%, ¿cómo creen que podrían potenciar la vivienda social en España para realmente tener un parque similar al de nuestros vecinos europeos?

Constituiremos, en menos de diez años, un parque residencial de viviendas sociales y asequibles para alquiler de dos millones de inmuebles, con un gasto sostenido del 1% del PIB de media. Este parque público es la clave estructural para garantizar el derecho a una vivienda adecuada y asequible: movilizando las viviendas vacías, aumentando la oferta pública mediante la compra de viviendas ya construidas o construirlas donde sea necesario. Esto requiere aumentar el presupuesto público en vivienda hasta, al menos, el 1% del PIB, sostenerlo en el tiempo y lograr la cooperación de las diferentes Administraciones. Nuestro modelo es Europa, es Viena. Queremos un parque de vivienda a la europea.

Para terminar, ¿Cuáles son las demás medidas, además de las que hemos hablado, que proponen en materia de vivienda en la próxima legislatura?

En primer lugar, se invertirá sostenidamente el 1% del PIB durante diez años en construcción, compra, movilización y rehabilitación de vivienda para crear un parque de alquiler protegido, social, sostenible y asequible de más de dos millones de viviendas en los próximos diez años. Se utilizará la capacidad de la Sereb y la SEPES para lograr este objetivo. Esta inversión generará retornos económicos a corto plazo a través del ahorro en otros servicios sociales y sanidad.

En segundo lugar, se tomarán medidas fiscales para condicionar los beneficios fiscales en el impuesto de sociedades de las SOCIMIS, EDAVS, sociedades y fondos de inversión inmobiliarios, en función del valor social y la contribución al interés general de los proyectos que realicen. También se reducirá el IVA para proyectos de vivienda de alquiler social y asequible.

En tercer lugar, se establecerá un gravamen sobre los suelos disponibles para urbanización ociosos y se coordinarán los patrimonios públicos de suelo (PPS) de diferentes administraciones a través de un «banco de suelo». Se declararán servicios de interés general todas las actividades relacionadas con la provisión de viviendas para políticas sociales.

En cuarto lugar, se prohibirá expresamente la venta de patrimonio público de suelo y viviendas de las Administraciones, a excepción de su transmisión gratuita a entidades públicas para su transformación en parques públicos o proyectos público-privados de alquiler.

En quinto lugar, se realizarán modificaciones legales para que las Administraciones públicas tengan capacidad para ejercer derechos de tanteo y retracto. Se impulsarán programas públicos de compra de viviendas en situaciones de emergencia y para fortalecer los parques públicos de vivienda.

En sexto lugar, se estudiará la posibilidad de condicionar las autorizaciones administrativas de compraventa de vivienda en áreas de mercado tensionado, requiriendo que el comprador resida en la misma, destine la vivienda a alquiler habitual de larga duración o a un alquiler protegido.

En séptimo lugar, se establecerán limitaciones al alquiler turístico, de habitaciones y de temporada para evitar eludir la Ley de Vivienda.

En octavo lugar, se aumentará la duración mínima de los contratos de arrendamiento de vivienda tendiendo a que sean indefinidos con causas de resolución excepcionales para proteger al propietario.

En noveno lugar, se crearán juzgados especializados en materia de vivienda para resolver conflictos relacionados con el derecho a la vivienda.

En décimo lugar, se impulsarán recursos y métodos de inspección para combatir el acoso inmobiliario, la discriminación en el acceso a la vivienda y otros incumplimientos de la normativa vigente.

Estas son solo algunas de las medidas propuestas en el plan integral de vivienda, que incluye otras acciones como la creación de registros obligatorios, la modificación de leyes existentes, la promoción de la eficiencia energética y la protección de colectivos vulnerables.

Pero las tres medidas estrella son:  

1. Desarrollaremos y haremos cumplir la declaración de mercado tensionado de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todos los ámbitos geográficos que cumplan los requisitos que establece la Ley
2. Constituiremos, en menos de diez años, un parque residencial de viviendas sociales y asequibles para alquiler de dos millones de inmuebles
3. En materia hipotecaria, proponemos un bono de emergencia de 1.000€ por hogar para los hogares hipotecados a tipo variable para la compra de su vivienda habitual, que sufren la fuerte alza de los tipos de interés del BCE

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