El pago de una hipoteca tras un divorcio, relacionada generalmente con la compra de la vivienda habitual, es uno de los aspectos más problemáticos. No solo se trata de dejar de compartir unas obligaciones económicas de pago periódico de las cuotas, sino especialmente de la responsabilidad derivada del impago, al que puede incurrir cualquiera de los hipotecados. Esta se extiende, en primer lugar, a la propia vivienda hipotecada, pero, también en segundo lugar, por todos los bienes del hipotecado, presentes y futuros.

Cuándo se está obligado a compartir la propiedad de la vivienda

Uno de los casos más problemáticos es cuando no se puede vender la vivienda. Esto suele suceder cuando se tienen hijos y la custodia y uso de la vivienda familiar se la han concedido a uno de los cónyuges. Es el caso más común, pero no el único, también puede darse el caso que por falta de recursos de uno de los cónyuges se le conceda. Aunque, en estos casos, suele ser algo temporal y generalmente se acaba vendiendo la vivienda.

En estos casos el pago de la hipoteca se mantiene, con unas condiciones que dependen del régimen matrimonial por el que se rigió el matrimonio: 50% de cada uno de los cónyuges si el régimen del matrimonio era ganancial, algo avalado por una sentencia del Tribunal Supremo, con independencia del uso de la vivienda o la diferencia de ingresos de ellos. Si el régimen del matrimonio fue de separación de bienes, cada uno tendrá que hacer frente al pago en el mismo porcentaje que es propietario de su vivienda.

El problema ocurre cuando se produce un impago. Una hipoteca conjunta hace responsables de su pago a todos los propietarios, con independencia de su estado civil. Así, si una parte no satisface su parte, la entidad financiera puede reclamar el pago a la otra, siendo igual de responsable y, por tanto, peligrando tanto la vivienda como el resto de sus bienes.

Esta exigencia de pago es inmediata, por lo que la única respuesta que le queda al otro cónyuge es pagar en primer lugar y posteriormente demandar a su ex cónyuge para que satisfaga el pago. En este caso, las circunstancias personales también influyen. Si la casa es vivienda habitual de los hijos del matrimonio, y quien no viva incurre al pago, estos impagos, si son recurrentes, pueden considerarse como delito por abandono familiar, y, por tanto, tener incluso responsabilidad penal.

Extinción del condominio y algunas problemáticas

Por todo ello, si hay custodia compartida o incluso si es posible llegar un acuerdo, lo más conveniente es acabar con el vínculo patrimonial que supone una vivienda e hipoteca en común, ya sea vendiendo la propiedad o haciendo una extinción de condominio si uno de los cónyuges quiere quedarse con el 100% de su propiedad.

En este caso sigue existiendo un problema, que muchas ex parejas se dan cuenta tras realizar la extinción: transmitir la propiedad no tiene por qué suponer la transmisión de la hipoteca. 

En muchos casos, las entidades financieras no aceptan que solo uno de los cónyuges asuma la totalidad de la deuda, aunque sea propietario de la vivienda en su totalidad y no transmite esa responsabilidad. Por todo ello, es muy importante que antes de hacer la extinción del condominio, se acuerde con la entidad financiera la transmisión de la hipoteca en el momento de la firma o, si esta no aceptara, que se subrogue a otra.

Solo en estos casos, se podrá dejar de pagar la hipoteca y acabar con toda responsabilidad. Si no se hace, la entidad financiera no solo podrá ir contra todos los bienes del no pagador, y los del otro hipotecado, sino que aunque este pague su parte podrá reclamar estas cantidades e incluso demandar penalmente en caso de que estos impagos se produzcan en una vivienda en la que viven los hijos en común.

Por todo ello, es importante delimitar desde un principio la responsabilidad, si es posible transmitir la vivienda a un tercero o al otro copropietario y asegurar que en esta transmisión se incluya la hipoteca, porque la acepte el banco o porque se constituya otra con una entidad financiera distinta.