“La realidad que nos trasladan los administradores de fincas colegiados es clara: donde antes había una vivienda con una cocina y dos baños, ahora nos encontramos con cinco cocinas y cinco baños conectados a la misma bajante”, explica Manuela Julia Martínez Torres, presidenta del CAFMadrid. “Esto supone una sobrecarga evidente para las instalaciones comunes del edificio, especialmente para las bajantes y redes de saneamiento, que no están diseñadas para soportar ese uso intensivo”, añade.
El Colegio esgrime que estas actuaciones, que en muchos casos se están tramitando mediante declaración responsable, están generando conflictos en las comunidades de propietarios, tanto por los problemas técnicos derivados de las obras como por el impacto en la convivencia y en los elementos comunes del inmueble.
Por ello, esta institución ha mantenido reuniones tanto con la Comunidad de Madrid como con el Ayuntamiento para trasladar su preocupación y reclamar un mayor control administrativo sobre este tipo de actuaciones. En este sentido, el Colegio aboga por que las obras segregación de viviendas no puedan tramitarse mediante una simple declaración responsable, sino que estén sujetas a una licencia de obra, “porque sus efectos no son solo privativos, sino que afectan de lleno a los elementos comunes y a la convivencia vecinal”, afirma Martínez Torres.
El CAFMadrid considera que esta situación, que es cada vez más recurrente, no debe abordarse como una restricción del derecho de propiedad, sino desde la necesidad de una regulación urbanística garantista. «Cuando las actuaciones privativas afectan a elementos comunes de un edificio, debe ser la Administración municipal, a través de la normativa urbanística y los mecanismos de control, la que establezca los criterios», manifiesta Martínez Torres. En este contexto, el CAFMadrid subraya la importancia de garantizar seguridad jurídica y evitar que la falta de un marco normativo claro traslade a las comunidades conflictos que corresponden al ámbito administrativo.
De esta manera, el Colegio insiste en que una regulación más rigurosa es imprescindible para proteger a las comunidades de propietarios y garantizar la seguridad, salubridad y sostenibilidad de los edificios residenciales. Asimismo, “es necesario abordar el problema de la vivienda desde una perspectiva integral, que aporte seguridad jurídica a los propietarios y evite soluciones improvisadas que, a medio y largo plazo, generan nuevos problemas en las comunidades”, finaliza la presidenta del CAFMadrid
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