El sector tiene un reto importante porque ha de ser, con las herramientas que debe generar la propia Administración, – generación de suelo finalista, seguridad jurídica, en las inversiones y mecanismos de colaboración público-privada, – los que generen oferta para paliar esta situación, generando vivienda para todo tipo de demanda: vivienda social, vivienda asequible, vivienda libre y nuevas tipologías adaptadas a nuevas formas de vida.
La Ley de Vivienda aprobada recientemente por el Gobierno ha causado descontento en el sector y propietarios de vivienda y afinidad entre inquilinos. ¿cuáles son, a su juicio, las medidas de esta ley más perjudiciales para los ciudadanos?
La medida estrella de esta Ley, el control de rentas de alquiler es una medida populista que ha fracasado allí donde se ha implantado produciendo justo el efecto contrario, aumento de precios, pisos viejos y sin reformar y fraude fiscal.
Exceso de regulación, intervencionismo, impuestos y nuevas cargas son atributos de esta ley, y todos ellos, factores inflacionistas en el mercado de la vivienda. Muy lejos de una regulación que vaya en el sentido de aumentar la oferta, de garantizar el equilibrio entre medidas sociales y económicas y de desarrollar claramente las competencias del Estado.
Casi lo más flagrante de esta ley es la regularización que hace de la okupación de viviendas desvirtuando la función social de la propiedad.
¿Si llegan al Gobierno, cambiarían algo de la ley? ¿Cómo lograrían un consenso entre todas las partes?
Por supuesto. Si llegamos al gobierno derogaremos la Ley de Vivienda, independientemente de la falta de consenso, (sale adelante por escueta mayoría) porque, lejos de su objetivo, será fuente de gran inseguridad jurídica, ya no solo por la invasión competencial de las CCAA, sino por la penalización que se hace al poseedor de una propiedad inmobiliaria, vulnerando el derecho a la propiedad por una aplicación tendenciosa de su función social.
Desde el Partido Popular apostamos por un gran Pacto por la Vivienda, que refleje una estrategia transversal y vertical.
Transversal en el sentido en que no puede haber una política de vivienda disociada del urbanismo y de la política territorial y de suelo, ni disociada del sector inmobiliario y de la construcción, que es al fin y al cabo quién puede materializar y dar forma a una política de vivienda efectiva.
Vertical porque tiene que haber una correlación de la actuación y políticas en materia de vivienda desde el Estado, las CCAA y las Entidades Locales.
En estos momentos la emancipación es una utopía para nuestros jóvenes, que tienen problemas para alquilar una vivienda, y todavía más dificultades a la hora de comprar. ¿Cuál es la fórmula para mejorar esa accesibilidad? ¿Cómo se puede conseguir una bajada de los precios generalizada?
La fórmula genérica es aumentar la oferta, con medidas más específicas para el caso de los jóvenes. Hay que resolver dos grandes temas, la seguridad jurídica del planeamiento para producir oferta, y la agilización administrativa. Hay que reducir los tiempos. Silencio positivo y declaraciones responsables.
Potenciaremos sobre todo los incentivos al alquiler, la rehabilitación para alquilar y mecanismos de construcción industrializada capaces de conseguir un precio más asequible.
