Como era de esperar, el anteproyecto de la nueva ley de vivienda de España aprobado por el Consejo de Ministros está dando mucho de qué hablar. Y es que esta ley no solo configura un nuevo paradigma en el mercado de los alquileres, sino que también afectará al mercado de la compraventa de viviendas, debido a las medidas que establece la normativa, con el fin de bajar los precios.
A continuación analizaremos qué medidas aplicará el Gobierno para conseguir bajar los precios del alquiler de viviendas y cómo repercutirá al resto del sector inmobiliario y, por ende, a los arrendadores y arrendatarios.
¿Qué medidas aplicará el Gobierno para bajar los precios del alquiler?
Después de muchas discrepancias entre los socios de Gobierno, estos pactaron, finalmente, regular el precio del alquiler de los inmuebles. Sin embargo, y a pesar de que PSOE y Unidas Podemos han llegado a un acuerdo, no lo han hecho de la forma esperada; y es que mientras que los primeros defendían los incentivos fiscales y los segundos abogaban por establecer topes en los precios. Y así ha sucedido, pero bajo unas determinadas condiciones, para que, a priori, el mercado inmobiliario no se desequilibre.
Regular el precio del alquiler a los grandes tenedores
El punto de partida de la nueva ley de vivienda es, como apuntábamos, regular el alquiler de los inmuebles: los que pertenezcan a grandes propietarios; es decir, a aquellas personas físicas o jurídicas que dispongan de diez o más viviendas. Una intervención, eso sí, que se llevará a cabo en base al índice de referencia de las zonas de mercado consideradas tensionadas. Cabe recordar que se consideran tensionadas aquellas zonas en las que los precios de arrendamiento han subido más de lo que se establece como “razonable”. De momento, y a no ser que la nueva normativa cambie los baremos, se trata de las áreas en las que el precio medio del alquiler supera el 30% de los ingresos medios de la zona.
Sin embargo, que una zona sea declarada o no tensionada dependerá de qué comunidades autónomas apliquen la nueva ley de vivienda. Esto, de entrada, ya excluye a Galicia, Madrid, Castilla y León, Murcia y Andalucía, las comunidades en las que gobierna el Partido Popular, que ya han descartado por completo regular el precio del alquiler.
Por lo tanto, y dado que la renta dependerá de una serie de estadísticas que el Gobierno todavía no ha determinado, su aplicación se atrasará 18 meses desde que entre en vigor la normativa, y solo se aplicará a los contratos de alquiler que se firmen a partir de entonces.
