La Comunidad Valenciana prepara nuevos criterios para acceder a vivienda pública en compra y alquiler

La Comunidad Valenciana prepara nuevos criterios para ordenar el acceso a la vivienda pública. Los nuevos requisitos apuntan a poner el foco en valorar el «arraigo real, duradero y verificable» de los solicitantes en los procedimientos de compra y alquiler.

Las medidas han sido incorporadas mediante enmiendas al proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2026, que se vota este 21 y 22 de julio, tras haber sido aprobadas en comisión con los votos del Partido Popular y Vox. ¿Qué cambiaría para quienes quieran solicitar una vivienda pública?

El arraigo podría ganar peso al adjudicar viviendas públicas valencianas

El arraigo pasaría a ser un criterio relevante en los futuros procedimientos de adjudicación. Para medirlo, la Administración podría valorar el empadronamiento histórico en la Comunidad Valenciana y España, y la relación efectiva que mantiene cada solicitante con el territorio.

Las enmiendas también mencionan los vínculos económicos, sociales, familiares, laborales y formativos. El objetivo pasaría por dar mayor puntuación a quienes puedan acreditar una relación real y prolongada con el territorio.

La valoración podría incluir la trayectoria de cotización, el empleo en la comunidad, la residencia de familiares de primer grado, los estudios cursados o la participación en programas sociales. Sin embargo, todavía no se conoce qué peso tendría cada circunstancia.

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Qué criterios pretende incorporar la propuesta valenciana

Como muestra la tabla de arriba, el principal cambio consistiría en dar un peso formal al arraigo y añadir una causa específica de exclusión vinculada a determinadas condenas por ocupación.

El empadronamiento histórico no implica haber nacido en la comunidad

Acreditar arraigo no equivale necesariamente a haber nacido en la Comunidad Valenciana. En principio, una persona podría demostrar su vinculación mediante años de residencia, contratos laborales, familiares residentes, estudios o actividad económica.

El texto conocido no fija un número concreto de años de empadronamiento ni determina qué documentos deberán aportar los solicitantes. Estos detalles tendrían que aparecer posteriormente en reglamentos, convocatorias o bases de adjudicación.

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Los criterios alcanzarían la vivienda pública en venta y alquiler

Los nuevos criterios podrían aplicarse tanto a viviendas públicas en alquiler como a promociones destinadas a la venta. También podrían alcanzar programas autonómicos de acceso a la vivienda y adjudicaciones gestionadas por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo.

No obstante, el presupuesto establecería principios generales. Cada programa deberá precisar posteriormente los ingresos máximos, la documentación, el sistema de puntuación y los colectivos prioritarios.

Hasta que se apruebe definitivamente la norma y se adapten las convocatorias, seguirán aplicándose las condiciones vigentes en cada procedimiento. También queda por saber cómo se resolverían los empates entre personas con situaciones económicas similares.

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Las condenas por ocupación podrían impedir el acceso durante cinco años

Las enmiendas plantean excluir a quienes hayan sido condenados por allanamiento de morada o usurpación de vivienda durante los cinco años anteriores. También afectarían a quienes tengan una resolución firme de recuperación o desahucio por ocupar sin título una vivienda pública.

Esta exclusión no abarcaría cualquier desahucio. No es lo mismo perder una vivienda por impago del alquiler que ocupar un inmueble sin título. La medida se refiere a condenas y resoluciones concretas relacionadas con la ocupación.

El acuerdo también incorpora una partida adicional de 500.000 euros para recuperar y rehabilitar viviendas públicas ocupadas ilegalmente.

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Los nuevos criterios de acceso todavía no están en vigor

Las enmiendas superaron la votación en comisión, pero el presupuesto todavía debe aprobarse definitivamente en el pleno de Les Corts previsto para los días 21 y 22 de julio de 2026 y publicarse oficialmente.

Las futuras bases de cada convocatoria tendrán que concretar cómo se acredita el arraigo y qué peso recibe cada factor.

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Y tú, ¿crees que el arraigo debería influir en la adjudicación de una vivienda pública? Te leemos en los comentarios.