El Defensor del Pueblo censura los impuestos aplicados al conjunto de la factura de la luz, ya que afirma que no contribuye a tener un suministro de electricidad en condiciones asumibles. También critica la imposibilidad de ajustar la potencia eléctrica a las necesidades de los consumidores.
Así lo pone de manifiesto en su informe anual correspondiente al año 2020, en el que reprocha que España es uno de los países donde se destinan una mayor proporción de ingresos al pago de las facturas de electricidad, a pesar de contar con un ‘mix’ energético más favorable a mantener precios más bajos que otros países.
A ello hay que añadir el gravamen tributario que afecta al conjunto de la factura: el IVA al 21% y el impuesto sobre la electricidad, incluso para los consumidores acogidos al bono social eléctrico.
El Defensor del Pueblo también critica la imposibilidad de que los usuarios ajusten su potencia eléctrica a sus necesidades. En este sentido, explica que estas necesidades pueden cambiar a lo largo del año tanto por cuestiones climatológicas como por las condiciones de su vivienda.
“El suministro eléctrico es una necesidad y un derecho”
Para el Defensor del Pueblo la disponibilidad de un suministro eléctrico en unas condiciones económicas asumibles para todos es una cuestión capital. Es por este motivo que prestó una atención preferente a las quejas vinculadas al suministro de agua, electricidad y cortes en líneas telefónicas tras la declaración del primer estado de alarma.
