El Defensor del Pueblo solicita garantizar el derecho a la vivienda

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha solicitado un acuerdo entre las distintas administraciones para garantizar el derecho a la vivienda.

Gabilondo, que esta semana ha comparecido en el Congreso ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, ha presentado un informe con 38.762 expedientes tramitados.

Asimismo, el Defensor ha explicado que a finales de junio del año pasado, el organismo comenzó una serie de actuaciones con las comunidades y ciudades autónomas, el Ministerio de Vivienda y los ayuntamientos de las diez ciudades más pobladas de España para pedir información sobre las actuaciones implementadas o planificadas para asegurar el acceso a viviendas protegidas y a precios asequibles, así como para aumentar la disponibilidad de vivienda pública.

«Esta actuación sigue abierta», ha indicado a la vez que ha señalado que «necesita para eso también la colaboración de todos».

De acuerdo con el informe de la institución, las causas principales de la dificultad para acceder a una vivienda son la falta de viviendas públicas, cuya cantidad es «muy inferior a la media europea», y la falta de ayudas y el retraso en su gestión.

Según se expone en el documento, la ciudadanía señala las dificultades para acceder a una vivienda a precios de mercado, así como la necesidad de afrontar largas esperas en los procesos de adjudicación de viviendas públicas y protegidas.

Los jóvenes, entre los que más dificultades tienen para acceder a una vivienda, según el Defensor del Pueblo

El problema de la vivienda afecta, principalmente, a los jóvenes, a las personas con bajos ingresos y a las familias vulnerables, según Gabilondo, ya que «deben destinar una gran parte de sus ingresos al alquiler o directamente no pueden acceder a una vivienda» y que la situación «se agrava en grandes ciudades y zonas turísticas, donde el alquiler turístico reduce la oferta disponible y aumenta la presión sobre el mercado».

El Defensor del Pueblo también ha comunicado a las administraciones la conveniencia de reforzar el parque de vivienda pública destinada al alquiler, optimizar la gestión de las ayudas, asegurar procedimientos de adjudicación transparentes y regular el alquiler vacacional.

Asimismo, ha destacado la importancia de proteger a las personas en situación de vulnerabilidad ante los desahucios, «sin dejar de combatir las ocupaciones ilegales».

Asimismo, Gabilondo ha reiterado su preocupación por las personas que comunicaron que se enfrentaban a un desahucio judicial de su residencia habitual.

En este contexto, ha señalado que entre las personas sin hogar existen casos de quienes, pese a disponer de empleo o percibir pensiones públicas, se ven «forzadas a abandonar su domicilio ante la imposibilidad de asumir subidas desproporcionadas del alquiler». En su opinión, «la respuesta ofrecida por las administraciones a esta problemática resulta insuficiente«.

«No puede olvidarse la existencia de asentamientos de chabolas e infraviviendas sin las condiciones mínimas de habitabilidad. Esto ocurre en nuestro país, separados y aislados de los núcleos urbanos, cuya solución debe convertirse en una prioridad para las Administraciones, que deben poner el foco en el realojo rápido y efectivo de sus habitantes», ha señalado el Defensor del Pueblo.