El Gobierno quiere facilitar el alquiler asequible incorporando al mercado 30.000 viviendas de grandes propietarios

Para que las familias vulnerables tengan acceso a la vivienda el Gobierno situará los precios un 20% por debajo de los de mercado

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El pasado 1 de febrero de 2022 el Consejo de Ministros aprobó la nueva ley de vivienda, la primera normativa española de esta índole, que regula el mercado inmobiliario español, especialmente el del alquiler.

Mediante la nueva ley, el Ejecutivo pretende ayudar a los colectivos más vulnerables a disponer de viviendas asequibles, además de limitar los precios del alquiler en las zonas tensionadas y regular los desahucios, entre otros.

Desde mucho antes, el Gobierno ha defendido la necesidad de implicar al sector privado para poder incrementar la oferta de vivienda accesibles; es decir, a precios de alquiler por debajo del de mercado. Y ahora ha dado un paso más allá: quiere facilitar el arrendamiento asequible incorporando al mercado 30.000 viviendas de grandes propietarios. Te lo contamos.

Medidas del Gobierno para facilitar el alquiler asequible

Para determinados colectivos, alquilar una vivienda es mucho más complicado que para otros. Además, obviamente de las familias con rentas bajas o con familiares dependientes, se encuentran los jóvenes, que no suelen disponer de los ahorros ni de la estabilidad laboral suficiente, y los jubilados, quienes no suelen cobrar una pensión demasiado alta.

Los jóvenes y los jubilados son dos de los colectivos que tienen más dificultades a la hora de alquilar o comprar una vivienda

Por este motivo, y con el objetivo de que puedan tener acceso a viviendas asequibles, el Plan Estatal para el acceso a la vivienda de 2022-2025 contempla ayudas y subvenciones para ambos colectivos, y, en general, para todas aquellas personas que no dispongan de la solvencia económica suficiente para pagar el alquiler.

El Plan Estatal también incluye un programa de fomento del parque privado de vivienda en alquiler asequible. Veamos en qué consiste y qué otras medidas pretende llevar a cabo para implicar en ello al sector empresarial.

El Plan Estatal del Gobierno incluye todo tipo de ayudas y subvenciones para que los colectivos vulnerables puedan disponer de una vivienda asequible

Por su lado, en más de una ocasión, los expertos del sector han señalado la necesidad de la colaboración público-privada para facilitar el acceso a la vivienda. De hecho, junto con la sostenibilidad y la necesidad de mejorar la eficiencia energética de los edificios, se trata de uno de los temas que más preocupan al sector.

Consciente de ello, y en su lucha desde hace años para que todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna, el Gobierno anunció el pasado lunes su intención de incorporar al mercado hasta 30.000 inmuebles de grandes tenedores para el alquiler asequible.

Implicando al sector empresarial, el Ejecutivo no sólo incrementará la oferta de inmuebles en alquiler a un precio por debajo del de mercado, sino que también pretende ofrecer una solución estructural a la escasez de un parque de vivienda social digno.

De hecho, según anunció la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, si todo va según lo previsto, los precios se situarán un 20% por debajo de la media del mercado. Lo hará, principalmente, en las localidades en las que el precio del alquiler está incrementando de forma más vehemente.

Con esta medida, el Gobierno pretende bajar los precios del alquiler un 20% por debajo del de mercado, principalmente, en las localidades donde han subido más

La propuesta del Gobierno, según explicó Sánchez, pretende movilizar unas 100.000 viviendas, como mínimo, para ponerlas a disposición de las comunidades autónomas y, así, garantizar el alquiler asequible, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

Se hará, eso sí, mediante un concurso público que el Ejecutivo todavía tiene que acabar de perfilar. Lo que sí está claro es que la propuesta pasa por una cesión de veinticinco años por parte de los grandes tenedores o propietarios al Estado; éste, por lo tanto, se convertirá en el arrendatario y, de esta manera, lo cederá a la comunidades para alquilarlo a un precio asequible.

Los grandes tenedores deberán ceder sus viviendas al Estado durante veinticinco años

Por su parte, los propietarios se aseguran que percibirán de forma periódica una renta por parte del Estado por sus respectivos inmuebles.

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