Es lo que afirma la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval). Cree que la prórroga de tres meses más de los reales decretos-ley aprobados por el Gobierno en materia de desahucios y contratos de alquiler de vivienda no va a acabar con el grave problema del alquiler que hay en España.
También ha declarado que el Gobierno no puede cargar sobre los grandes propietarios la responsabilidad de la Administración de dotar de una vivienda pública a los colectivos vulnerables. Y ha añadido que, dado el grave problema que hay en España en materia de vivienda, las medidas deben ir enfocadas a paliar este problema y a favorecer el desarrollo del alquiler en España, no a generar más inseguridad jurídica y desprotección a los propietarios.
“La ley insta a la ocupación ilegal de vivienda y nos avergüenza en Europa”
Asval ha alertado al Gobierno de que los reales decretos de paralización de desahucios legalizan la ocupación ilegal y amparan a ocupas ilegales, lo que genera un efecto llamada que afecta tanto a grandes como pequeños propietarios, comunidades de vecinos, barrios y a la sociedad en general.
Así, la organización ha apuntado que España tiene un importante déficit de vivienda pública, una situación que convierte al país en una anomalía dentro de la Unión Europea, según publica Europa Press.
Asval ha afirmado que el Gobierno justificó que estas medidas eran excepcionales con motivo del Estado de alarma, y ahora se prorrogan más allá de este sin ningún tipo de iniciativa que proteja a los propietarios.
¿Qué pide Asval al Gobierno?
La organización ha apelado al Ejecutivo a poner en marcha medidas que vayan a la raíz del problema, como más oferta de vivienda en alquiler, sobre todo social y a precio asequible, y que genere la seguridad jurídica necesaria para desarrollar este mercado.
Por último, ha reiterado su petición de destinar ayudas públicas directas por valor de 700 millones de euros para los colectivos más vulnerables.
En este sentido, ha alertado de que los problemas de accesibilidad y de impagos aumentarán en los próximos meses a medida que se agrave la crisis social generada por la crisis económica, «por lo que se hace imprescindible apoyar de forma urgente a los colectivos con menores recursos».
