El Gobierno aprobará un real decreto de ley con medidas de respuesta ante desahucios por ejecución hipotecaria, que establecerá una moratoria de cuatro años de duración. Así lo ha anunciado este lunes el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.
Asimismo, ha anunciado que PSOE y Unidas Podemos han acordado incluir en la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que ya está en marcha, la prohibición de desahucios por impago del alquiler «en zonas de mercado tensionado. Y en casos que tengan relación con fondos buitres que hacen negocio con un derecho básico».
Iglesias ha concretado estas medidas en un texto que ha publicado en las redes sociales, que recoge Europa Press, en el que celebra que son fruto de la «eficiente coordinación» que han tenido, a su juicio, en el Gobierno. Y da las gracias en concreto a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Estas nuevas medidas en materia de vivienda llegan precisamente tras haberse cerrado la peor semana que ha vivido el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos, en términos de tensiones y diferencias internas, desde su conformación hace dos meses.
Prohibir desahucios en propiedades de fondos buitres
El vicepresidente segundo y líder de Podemos ha concretado en su texto que han acordado «prohibir desahucios por impago del alquiler en zonas de mercado tensionado. Y en casos que tengan relación con fondos buitres que hacen negocio con un derecho básico».
Iglesias ha informado de que estas medidas llegan además después de que él mismo mantuviera una reunión el pasado 21 de febrero en la sede de la Vicepresidencia con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en la que los activistas antidesahucios fueron «muy críticos». Y «presionaron» para que se pusieran sobre la mesa «compromisos de Gobierno que entendían que no eran sólidos». «Y les agradezco esa crítica y esa presión que ejercieron», añade.
«Cuando uno tiene responsabilidades de Gobierno, lo que vale son los hechos, no las promesas. Hay que seguir trabajando en más medidas. Pero estos son unos primeros hechos que van a aliviar la situación de miles de familias que a día de hoy no estaban viendo garantizado su derecho constitucional a la vivienda«, defiende Iglesias.
Asimismo, destaca que se trata de «una victoria de los colectivos, como la PAH y el Sindicato de Inquilinos, que han luchado durante todos estos años en defensa de las familias y contra los desahucios». «El hecho de que el Gobierno no sea presionado solo por los poderosos sino también por la sociedad civil organizada es condición de posibilidad para que España avance», concluye.
Además de la reunión con Iglesias, la PAH lanzó a finales de febrero una campaña de presión, culpando al Ejecutivo de coalición de los más de 8.000 desahucios producidos desde su conformación. Entre las demandas inmediatas que la PAH exigía al Ejecutivo figuraba la ampliación de moratoria de lanzamientos hipotecarios a los casos de impago de alquiler.
Hasta la fecha, el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos se limitaba al compromiso de asegurar el realojo inmediato en determinadas condiciones de los inquilinos que no pudiesen pagar la renta por falta de recursos económicos o situaciones de vulnerabilidad.
Podemos y sus socios del grupo confederal no consiguieron incluir en la negociación de diciembre con el PSOE la «prohibición de los desalojos sin alternativa habitacional» que llevaban en su programa electoral de los comicios del 10 de noviembre. Y que siempre ha sido una de sus demandas prioritarias.
De hecho, algunos de los principales dirigentes de Unidas Podemos-En Comú-Galicia en Comú proceden de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), como la alcaldesa de Barcelona y líder de los comunes, Ada Colau; la ministra de Igualdad y ‘número dos’ de Podemos, Irene Montero; o el portavoz de la formación morada y diputado por Madrid, Rafa Mayoral.
La PAH celebra el «alivio» que supone para los inquilinos
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha celebrado la intención del Gobierno de incluir los desahucios por impago de alquiler en una nueva moratoria de desahucios durante cuatro años. Ya que supone un «alivio» para todas las personas hipotecadas e inquilinos.
Según la plataforma, esta decisión del Ejecutivo es «consecuencia directa» de la campaña de presión que inició el pasado 21 de febrero llamada ‘#ViviendaPorDerecho’. Así como de todos los colectivos «que luchan por garantizar el derecho a una vivienda en todo el Estado».
La PAH defiende que esta ampliación del acuerdo de Gobierno servirá para frenar, al menos, una parte importante de «la sangría» de 198 desahucios diarios que se producen en todo el país.
«Sin duda, esta noticia supone un alivio para todas las personas hipotecadas que hasta la fecha no sabían si se prorrogaría la moratoria hipotecaria. Pero también para miles de inquilinos que, por primera vez, no verán truncados sus proyectos de vida por culpa de la especulación, que nos ha llevado a precios inasumibles que acaban con las familias en la calle», denuncia la plataforma.
No obstante, la PAH insiste en que no se han aprobado otras medidas que también considera «urgentes». Como la paralización de los desahucios derivados de la ocupación por parte de personas en situación de vulnerabilidad de viviendas vacías de entidades financieras o «fondos buitre». Algo que tilda de «violación de derechos humanos».
Por ello, avanza que seguirá presionando hasta conseguir el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Ya que el próximo 30 de abril vence el plazo dado a España por el comité de la ONU para el cumplimiento de las medidas propuestas.
Asimismo, propone la constitución de una mesa de diálogo interministerial por el derecho a la vivienda, en la que estén presentes también todas las organizaciones sociales. «Hasta conseguir modificar elementos estructurales que a día de hoy impiden que el derecho a la vivienda sea una realidad en el país».
Alquiler Seguro avisa de que si se limitan los desahucios, se contraerá la oferta y aumentarán los precios
El consejero delegado de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, ha señalado que si se limitan los desahucios ‘per se’, se evitará que la gente ponga viviendas en alquiler. Y habrá contracciones de la oferta y aumentarán los precios.
Carroza ha afirmado que está «totalmente de acuerdo» con que se combatan los desahucios. Pero cree que para abordar esta lacra «se debe ir contra la enfermedad y no contra el síntoma».
«Los desahucios se producen porque la gente no puede seguir pagando la renta por el empleo. Limitar los desahucios para evitar el impago es como intentar bajar la fiebre haciendo una sangría«, ha señalado.
Según Carroza, esta situación puede hacer que exista un mercado en el que nadie pueda acceder a una vivienda. Porque «nadie querrá poner su vivienda en alquiler».
En esta línea, ha dejado claro que si se van contra los «pocos grandes tenedores de inmuebles», lo que se va a conseguir es que «los inversores se vayan de España y haya contracciones de la oferta. Por lo que pueden volver a ocasionarse problemas».
Carroza ve imprescindible tratar la causa real por la que se producen los impagos. «Decir que se va a hacer un moratoria en los desahucios de alquiler es tratar esto como en la crisis hipotecaria y no es lo mismo», ha insistido.
Sobre realizar estas actuaciones en zonas tensionadas, Carroza ha dejado claro que lo correcto sería hacerlo en zonas «deprimidas». Donde hay problemas de desempleo estructural y coyuntural. De hecho, cree que en las zonas de más demanda lo que hay que hacer es aumentar la oferta para que la tensión desaparezca.
Carroza también ha dejado claro que los ‘fondos buitre’ tienen vivienda no alquilable. Viviendas en zonas donde no hay demanda, edificios a medio construir, locales, pero no viviendas sociales. El consejero delegado de Alquiler Seguro ha señalado que ha mandado una carta al Gobierno para ofrecer su visión del mercado entre particulares.
