Todas las medidas del Gobierno para combatir la crisis provocada por la guerra en Oriente Próximo

El Consejo de Ministros aprobó el 20 de marzo, mediante un real decreto ley, un plan para combatir la crisis iniciada el pasado 28 de febrero como consecuencia de la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán. El texto entró en vigor el 22 de marzo, el siguiente día a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La guerra ha afectado a las bolsas, al tráfico aéreo y al gas y al petróleo. Esto ha provocado una gran volatilidad en los mercados energéticos y los precios de la energía han aumentado, lo que ha provocado un incremento de la inflación y el coste de la energía para las familias y las empresas.

Tras el Consejo de Ministros extraordinario, celebrado el pasado 20 de marzo, Pedro Sánchez «destacó que las 80 medidas incluidas en el plan movilizan más de 5.000 millones de euros y benefician a los 20 millones de hogares y los 3 millones de empresas de España», según un comunicado de La Moncloa. Estas medidas estarán vigentes el tiempo necesario e, incluso, podrían ampliarse.

El plan contiene medidas, por un lado, para hacer frente de forma inmediata a los efectos que la guerra está teniendo en las empresas y las familias y, por el otro, para impulsar las energías renovables con el objetivo de reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Reducción de los impuestos de la luz y los carburantes

El plan incorpora varias medidas para hacer frente al incremento de los precios de la energía provocados por la guerra y abaratar las facturas de suministros:

• El IVA de los carburantes, la electricidad, el gas natural, las briquetas y los pélets baja del 21 % al 10 %.
• El impuesto especial sobre la electricidad baja del 5 % al 0,5 %.
• El impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, que era del 7 %, se suspende temporalmente.

• El precio máximo de venta del butano y el propano se congela.
• El impuesto sobre hidrocarburos en los productos más consumidos, como son el gasóleo o la gasolina sin plomo, se reduce hasta el mínimo que permite Europa. Esta reducción supone, en combinación con la bajada del IVA, un abaratamiento de hasta 30 céntimos por litro según el combustible o, lo que es lo mismo, una reducción de unos 20 euros al llenar el depósito de un coche medio.

Calculadora de consumo eléctrico de electrodomésticos

¿Cuánto se ha reducido el precio del combustible con las medidas para combatir los efectos de la guerra?

Tal y como podemos comprobar en la tabla anterior, el precio de la gasolina 95 ha disminuido un 16,11 %, mientras que el de la gasolina 98 ha bajado un 17,53 % y el del diésel, un 12,11 %, de acuerdo con los datos proporcionados por La Moncloa.

Ayudas para el gasóleo profesional y los fertilizantes

El plan aprobado por el Consejo de Ministros ha establecido una ayuda de 20 céntimos por litro para los profesionales que utilizan gasóleo en su trabajo, como, por ejemplo, los transportistas o los agricultores. La norma también establece una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes.

Más ayudas para la agricultura, la pesca y el transporte

Otras ayudas para estos sectores son las siguientes:

• Ampliación de la línea de financiación ICO-MAPA-SAECA dirigida al sector agroalimentario y pesquero.
• Ayudas para las flotas pesqueras.
• Exención de la tasa sobre la pesca fresca.
• Ayudas al sector del transporte marítimo de pasajeros.

Por otra parte, el 14 de abril, el Consejo de Ministros aprobó una serie de medidas para ayudar al sector del transporte de mercancías, tanto por carretera, como ferroviario y marítimo. En el primer caso, «la norma consolida el carácter obligatorio y automático de la revisión del precio del transporte cuando varíe el precio del combustible», según La Moncloa.

En el caso del transporte ferroviario, el Consejo de Ministros decretó una serie de ayudas para compensar el sobrecoste del carburante en las locomotoras que funcionan con diésel y, en cuanto al transporte marítimo, el Gobierno amplió «las ayudas para incluir expresamente a los servicios de carga pura entre puertos peninsulares y de los archipiélagos balear y canario y de Ceuta y Melilla, y entre puertos de los archipiélagos».

Protección energética para las familias y las empresas

En primer lugar, el Consejo de Ministros ha extendido durante todo el año el descuento en la factura eléctrica para las personas vulnerables mediante el bono social, que es del 42,5 %, aunque esta cifra sube al 57,5 % para los consumidores vulnerables severos. Por otra parte, la ayuda mínima del bono social térmico ha subido a 50 euros.

Además, el Gobierno ha prohibido cortar la energía y el agua a los hogares vulnerables.

Asimismo, se ha implantado una bonificación del 80 % del precio de los peajes eléctricos de transporte y distribución para la industria electrointensiva.

Protección del empleo

El plan del Gobierno para combatir la crisis provocada por la guerra en Oriente Próximo también incluye medidas para proteger el empleo. Para empezar, «las empresas beneficiarias de las ayudas no podrán despedir por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2026», según La Moncloa.

Además, debido al aumento de los costes del transporte, el Gobierno ha adelantado al 5 de diciembre de este año la obligación de las empresas y las entidades públicas a disponer de «planes de movilidad sostenible» en los centros en los que haya más de 200 trabajadores o 100 personas por turno.

Aceleración de la transición energética

El objetivo de estas medidas es reducir la dependencia de los combustibles fósiles con el objetivo de disminuir el impacto que suponen las crisis exteriores. Estas son las medidas aprobadas por el Ejecutivo:

• Deducción por la adquisición de un coche eléctrico de hasta el 15 %.
• Deducción por rehabilitación de viviendas o edificios que reduzcan el uso de calefacción y refrigeración.
• Libertad de amortización en el impuesto de sociedades de las inversiones en eficiencia energética en 2026.
• Bonificación de hasta el 50 % del IBI por parte de las entidades locales a los consumidores que hayan instalado mecanismos para aprovechar el calor o la electricidad de la energía solar o ambiental y bonificación de hasta el 95 % «a favor de las obras y las instalaciones que incorporen sistemas para un mayor beneficio térmico o eléctrico de esas energías».