Tras la presentación, el pasado viernes, de la reforma fiscal de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, muchas son las dudas que planean en relación a la vivienda.

Uno de los aspectos que más polémica ha suscitado esta reforma fiscal es la eliminación de la deducción por alquiler para los contratos firmados a partir del 1 de enero de 2015.

 

La gran apuesta del Gobierno por el alquiler

El fin de la desgravación por compra de vivienda y la subida del IVA del 4% al 10%, el 1 de enero de 2013, tenía como fin poner el acento en el alquiler por encima de la propiedad; una de las principales apuestas, junto con la rehabilitación, de este Gobierno a su llegada a Moncloa. Sin embargo, las medidas adoptadas en materia de vivienda en esta reforma fiscal suponen un revés tanto para inquilinos como para propietarios.

El motivo del fin de estos beneficios, informa el Ejecutivo de Rajoy, es la homogeneización fiscal de la vivienda de alquiler y la de compra. Así, tras la supresión de la deducción por la compra de vivienda, el Gobierno elimina ahora la desgravación por alquiler, terminando con las deducciones y empeorando los incentivos fiscales, tanto a unos como a otros.

Estas nuevas medidas han hecho que algunas organizaciones pro alquiler y expertos inmobiliarios pongan el grito en el cielo al considerarlas una traba más al incipiente mercado del alquiler. Un sector que, por fin, parecía empezar a despegar en nuestro país al contar ya con un 19% de inquilinos.

 

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Cómo afecta la reforma a los inquilinos

La reforma fiscal de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas tiene como mayor consecuencia el fin de la deducción en el IRPF por alquiler de vivienda para aquellos inquilinos cuyos contratos se firmen a partir del 1 de enero de 2015.

Los contratos realizados con anterioridad a esa fecha no se verán afectados por esta medida. Así, esos contribuyentes podrán deducirse el 10,05% del alquiler, establecido el 1 de enero de 2008, si su base imponible es inferior a 24.107,20 €/año, hasta un máximo de 9.040 €/año, sea cual sea su edad. Una deducción a nivel estatal, compatible con la desgravación que ofrecen casi todas las Comunidades Autónomas.

 

Cómo afecta la reforma a los propietarios

A partir del 1 de enero de 2015, los propietarios cuyos inquilinos tengan más de 30 años verán reducida la cantidad exenta en el IRPF por arrendamiento de vivienda del 60% al 50%. Si el arrendatario es menor de 30 años, la reducción pasará del 100% a la mitad, al eliminarse la diferenciación por edad en la deducción y empezar a aplicarse el 50% de cantidad exenta en el IRPF de manera general.

 

Otras medidas de la reforma que afectan a la vivienda

Dentro de la reforma fiscal, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha decidido que la ganancia patrimonial por la dación en pago de la vivienda habitual quede eximida del IRPF; esta medida, muy aplaudida por todos los sectores, reforma la ley de 2013 por la que sólo aquellos que se situasen en el “umbral de exclusión” quedaban libres de tributar.

También estará exenta la plusvalía municipal cuando el importe obtenido de la transmisión se reinvierta en la compra de una nueva vivienda de primer uso.

Por su parte, aquellos que compraron vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013 seguirán disfrutando de la deducción correspondiente, que no se imputará como renta. Las segundas y sucesivas residencias, tampoco verán incrementada su carga fiscal.

 

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Reacciones de expertos del sector

Para expertos como Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro, la eliminación de la deducción por alquiler de vivienda “condena al ostracismo de la economía sumergida” al sector del alquiler, ahora que “estaba creciendo”. Según él, estas medidas suponen “un verdadero batacazo para el alquiler” y ha criticado que los partidos políticos “siempre hablan de fomentar el alquiler” pero terminan “aumentando la presión fiscal”.

Carroza ha tildado estas medidas como “un paso atrás para el sector”, con las que los jóvenes “quedan desatendidos”. En cualquier caso, continúa siendo optimista sobre el futuro del sector y asegura que “todo lo que ha recorrido el alquiler lo ha conseguido sin ayudas políticas”. “El alquiler seguirá su senda de crecimiento”, afirma rotundo.

Por su parte, José Luis Ruiz Bartolomé se mostraba sorprendido de que la reforma haya supuesto más carga fiscal al alquiler. Según explica el conocido experto inmobiliario en su blog, “el Gobierno es consciente de la debilidad del mercado de compraventa de vivienda” y “una fiscalidad más agresiva incidiría en una valoración a la baja del inmueble y en una menor rotación”, cuando lo que se quiere es más movilidad porque “las ventas generan muchos más ingresos fiscales que los alquileres”.

El alquiler “ha aumentado significativamente en los últimos años”. “Seguramente el Gobierno considera que tanto la demanda como la oferta de alquiler son bastante inelásticas a la eliminación de las ventajas fiscales, pues piensan que los inquilinos lo son porque no pueden conseguir hipotecas y los propietarios alquilan porque no pueden vender”, afirma.

“Mayor presión fiscal en el alquiler también implica una reducción de las rentas y, por tanto, de la valoración del activo. Podían y debían haber esperado más tiempo a que el mercado del alquiler se consolidara”. Ruiz Bartolomé destaca la manera de actuar contracíclica del Gobierno, que “se abstiene de cargar las tintas frente al mercado de compraventa, claramente estancado, y castiga al más boyante que nunca del alquiler”.

La Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a la Vivienda (Arrenta) ha asegurado que la reforma fiscal hará que dejen de declararse 300.000 alquileres en España, con un coste de 2.160 millones que pasarán a la economía sumergida. En un comunicado, la asociación afirma que la reforma perjudica “enormemente” el impulso y la regulación del alquiler y provocará un aumento del número de alquileres que no se declaran y de la economía sumergida.

Según Arrenta, la solución pasa por medidas de fomento fiscal, con una revisión al alza de la deducción estatal en detrimento de la autonómica y la eliminación del límite de la base imponible, además de otras medidas de control como el gasto de los contadores de luz de viviendas supuestamente vacías.