18 octubre 2018

El Tribunal Supremo ha dictaminado que es el banco y no el cliente el que debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca, corrigiendo así su doctrina anterior. En una sentencia del pasado 16 de octubre, el alto tribunal establece que es la entidad prestamista, y no quien recibe el préstamo, el que tiene interés en inscribir la operación y elevarla a escritura pública.

De este modo, la sala tercera del Tribunal Supremo modifica su jurisprudencia anterior e interpreta el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y concluye que no es el prestatario el sujeto pasivo de este impuesto, sino la entidad que presta el dinero.

 

«El único interesado en la hipoteca es el propio banco»

“La sentencia del Tribunal Supremo, si se lleva hasta sus últimas consecuencias, golpea en la línea de flotación de las personas que quieran comprar una vivienda y necesiten hipoteca”, destaca Ricardo Gulias, CEO de tusolucionhipotecaria.com y experto en iAhorro.com.

Gulias explica que la primera reacción tras la sentencia ha sido la caída en bolsa de las entidades, “porque los inversores no solo ven el dinero que haya o no que devolver, si no que uno de sus mejores productos de fidelización de clientes se va a ver encarecido considerablemente si quiere seguir siendo rentable, y lo que es peor, es que la propia banca aún no sepa cómo puede resolver el problema que se le viene encima”.

El motivo de la decisión del tribunal es que debe tenerse en cuenta que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en que conste en una escritura pública y se inscriba es la entidad financiera como prestamista, ya que solo mediante esa inscripción podrá tomar medidas que le aseguran la recuperación de la cantidad prestada.

“La sentencia viene a decir que el más interesado para la inscripción de la hipoteca es el propio banco, pero yo creo que los más interesados en la inscripción del préstamo somos los consumidores en general. Si las cargas no se inscriben (cosa que no pasará) perjudicaría a todo el sistema, porque generaría una inseguridad jurídica total y podríamos estar comprando viviendas con hipotecas no inscritas pero vigentes”, apunta Gulias.

 

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Cómo reclamar el impuesto

Los clientes que hayan firmado su hipoteca a partir de 2014 podrán reclamar a su entidad el pago del impuesto de actos jurídicos documentados, tras la Sentencia del Tribunal Supremo.

La forma de reclamar será muy parecida a la de las cláusulas suelo. En este caso, la cantidad a reclamar por los clientes podría estar entre los 2.000 y los 3.000 euros, según el precio de la vivienda y la comunidad autónoma donde se ha comprado.

“El hipotecado, primero tendrán que poner una reclamación formal en el servicio de atención de su entidad bancaria. Si lo resuelve por esta vía, el coste será cero. Si el banco no contesta o responde de forma negativa, el cliente tendrá que acudir a la vía legal. En este caso, deberá poner una denuncia en el juzgado de cláusulas abusivas de la provincia en la que se resida”, apuntan desde iAhorro.

En el caso de acudir a la vía legal, el hipotecado deberá buscarse un abogado que le represente. En este caso, también deberá asumir los posibles costes relacionados con la denuncia.

 

¿Qué documentación necesita?

En las escrituras de la hipoteca aparecen todos los gastos de la hipoteca por lo que con este documento sería suficiente.  Si el hipotecado guarda las facturas de notaria, gestoría y registro también vendría bien que las aportara. Si le falta alguno de estos documentos, en la notaria donde firmó el préstamo podrá solicitar una copia.

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