{"id":3668,"date":"2014-10-20T13:42:00","date_gmt":"2014-10-20T11:42:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fotocasa.es\/fotocasa-life\/?p=3668"},"modified":"2020-11-27T11:33:11","modified_gmt":"2020-11-27T10:33:11","slug":"andalucia-sanciona-sareb-por-dificultar-la-funcion-social-de-sus-viviendas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fotocasa.es\/fotocasa-life\/alquiler\/andalucia-sanciona-sareb-por-dificultar-la-funcion-social-de-sus-viviendas\/","title":{"rendered":"Andaluc\u00eda sanciona a Sareb por dificultar la funci\u00f3n social de sus viviendas"},"content":{"rendered":"

La Consejer\u00eda de Fomento y Vivienda de la Junta de Andaluc\u00eda, que dirige Elena Cort\u00e9s (IULV-CA), ha sancionado con 120.000 euros a la Sociedad de Gesti\u00f3n de Activos Procedentes de la Reestructuraci\u00f3n Bancaria<\/strong><\/a> (Sareb) por \u00abobstruir las medidas de la administraci\u00f3n para garantizar la funci\u00f3n social de sus viviendas protegidas\u00bb.<\/p>\n

Se trata de la primera sanci\u00f3n econ\u00f3mica que impone la Consejer\u00eda de Fomento en aplicaci\u00f3n de la Ley de Medidas de Funci\u00f3n Social de la Vivienda, conocida popularmente como ‘Ley antidesahucios’, que establece la obligaci\u00f3n de las entidades financieras de aportar a la administraci\u00f3n p\u00fablica inventario de las viviendas protegidas que se encuentren en sus balances.<\/p>\n

Seg\u00fan informa el departamento que dirige Elena Cort\u00e9s en un comunicado, la Sareb se\u00f1al\u00f3 en sus alegaciones previas a la resoluci\u00f3n que impone la multa que no posee 911 VPO en Andaluc\u00eda, como se\u00f1al\u00f3 en un informe incluido en el recurso del Gobierno central contra la Ley de Funci\u00f3n Social de la Vivienda, sino 98. Fomento asegura que la entidad financiera se expone por estas 98 viviendas, en un segundo procedimiento sancionador que sigue su curso, a una multa de 11,7 millones de euros, en el caso de que no hayan sido puestas a disposici\u00f3n de los registros municipales de demandantes.<\/p>\n

La consejera, Elena Cort\u00e9s, ha defendido que \u00abtodas las viviendas protegidas, sea quien sea su titular, deben estar a disposici\u00f3n de las familias que las necesitan y las demandan a trav\u00e9s de los registros municipales\u00bb y ha alertado de la \u00abextrema gravedad\u00bb de que la propia Sareb haya confirmado en una notificaci\u00f3n a la Junta que los datos con los que el Gobierno fundament\u00f3 su recurso contra la ‘Ley antidesahucios<\/strong><\/a>‘ eran \u00abtotalmente falsos\u00bb.<\/p>\n

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Cort\u00e9s: \u201cEl Gobierno enga\u00f1\u00f3 al Tribunal Constitucional\u201d<\/strong><\/p>\n

\u00abEl Gobierno recurri\u00f3 la Ley, que actualmente est\u00e1 parcialmente suspendida de forma cautelar a la espera de sentencia, argumentando que da\u00f1aba los intereses de la Sareb en funci\u00f3n de un n\u00famero de viviendas diez veces superior al real. Es decir, el Gobierno enga\u00f1\u00f3 al Constitucional para forzar la suspensi\u00f3n cautelar de la Ley\u00bb, ha criticado la consejera.<\/p>\n

La resoluci\u00f3n firmada por la secretaria general de Vivienda, Amanda Meyer, cierra con una sanci\u00f3n de 120.000 euros un expediente abierto por la Consejer\u00eda por el incumplimiento de la disposici\u00f3n adicional s\u00e9ptima de la Ley 13\/2005, de 11 de noviembre, de Vivienda Protegida y Suelo, introducida en su actual redacci\u00f3n por la Ley de Medidas de Funci\u00f3n Social de la Vivienda.<\/p>\n

Dicha disposici\u00f3n establece la obligaci\u00f3n de las entidades financieras de aportar a la administraci\u00f3n p\u00fablica inventario de las viviendas protegidas que se encuentren en sus balances. Su incumplimiento supone una infracci\u00f3n \u00abmuy grave\u00bb, tipificada en el art\u00edculo 20\u00f1 de la Ley 13\/2005, que penaliza \u00abla obstaculizaci\u00f3n del ejercicio de la potestad de inspecci\u00f3n\u00bb de la administraci\u00f3n auton\u00f3mica.<\/p>\n

La Consejer\u00eda ha impuesto la sanci\u00f3n m\u00e1xima para la infracci\u00f3n muy grave \u00abpor concurrir los agravantes de intencionalidad derivada del previo conocimiento del incumplimiento producido, el car\u00e1cter cualificado del sujeto infractor y el da\u00f1o al inter\u00e9s general\u00bb. Las alegaciones presentadas por la Sareb han sido desestimadas en la resoluci\u00f3n dictada por la secretaria general de Vivienda.<\/p>\n

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Posible multa de 11,7 millones por un segundo procedimiento<\/strong><\/p>\n

La Consejer\u00eda mantiene otro procedimiento sancionador abierto por el supuesto incumplimiento de la funci\u00f3n social de las VPO en la cartera de la Sareb. Dicho procedimiento tiene su origen en el informe de la propia entidad financiera adjunto al recurso del Gobierno contra la Ley de Funci\u00f3n Social de la Vivienda, presentado el 18 de diciembre de 2013 ante el Tribunal Constitucional. En dicho informe, la Sareb aseguraba poseer 911 viviendas protegidas en Andaluc\u00eda.<\/p>\n

Cuando el TC notific\u00f3 a la Administraci\u00f3n andaluza dicho recurso, la Consejer\u00eda realiz\u00f3 un requerimiento informativo a la Sareb sobre el posible incumplimiento de la funci\u00f3n social de sus 911 VPO, ya que si no estaban a disposici\u00f3n de los registros municipales de demandantes supondr\u00edan sendas sanciones muy graves, por incumplimiento del art\u00edculo 20m de la Ley de Vivienda Protegida, tambi\u00e9n introducido en su actual redacci\u00f3n por la Ley de Funci\u00f3n Social de la Vivienda.<\/p>\n

En sus alegaciones, la Sareb se\u00f1ala que el dato incluido en el informe incluido en el recurso del Gobierno \u00abes falso\u00bb. Seg\u00fan esta versi\u00f3n, no son 911, sino 98. Seg\u00fan Fomento, la Sareb se\u00f1ala en sus alegaciones que \u00abse trata de un n\u00famero sensiblemente inferior al de 911 inicialmente estimado, pero ello es debido a que las cifras inicialmente consideradas constitu\u00edan datos meramente estimativos\u00bb. Elena Cort\u00e9s ha se\u00f1alado que \u00abun Gobierno no puede recurrir una Ley que frena desahucios y defiende el derecho a la vivienda bas\u00e1ndose en datos estimativos que finalmente resultan falsos\u00bb.<\/p>\n

Por \u00faltimo, la Consejer\u00eda de Fomento recuerda que la Ley de Funci\u00f3n Social de la Vivienda no fue impugnada en su totalidad, sino s\u00f3lo algunos preceptos, como la potestad de sancionar a entidades financieras<\/strong><\/a> por mantener viviendas vac\u00edas durante m\u00e1s de seis meses o la de expropiar temporalmente el uso de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusi\u00f3n social. Los art\u00edculos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la funci\u00f3n social de las viviendas protegidas, que han posibilitado a la Consejer\u00eda multar a la Sareb y mantener abierto un segundo procedimiento sancionador, siguen plenamente vigentes.<\/p>\n

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