La expulsi\u00f3n de millones de trabajadores del sistema productivo y la falta de cobertura social a los mismos ha provocado, durante estos a\u00f1os, un n\u00famero important\u00edsimo de desahucios, hipotecarios y arrendatarios, o de amenazas de los mismos, con los consiguientes problemas psicosociol\u00f3gicos para las familias afectadas.<\/p><\/blockquote>\n
Analizar todo aquello que conlleva la vivienda requiere hacerlo desde m\u00faltiples aspectos y perspectivas: la econ\u00f3mica, la sociol\u00f3gica, la demogr\u00e1fica, la urban\u00edstica o la legal. Pero pocas veces se analiza desde el punto de vista social y del derecho ciudadano a disfrutar de una vivienda digna.<\/p>\n
Este derecho se ve amparado, no solo en el consabido art\u00edculo 47 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, sino tambi\u00e9n en acuerdos internacionales, que abogan por la necesidad de considerar el acceso a una vivienda digna como un derecho fundamental<\/strong>. Ejemplo de ello es la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos (art\u00edculo 25.1), ratificado por Espa\u00f1a en 1948; el Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales (art\u00edculo 11); la Carta Social Europea Revisada (Estrasburgo, 3 de mayo de 1996; art\u00edculo 16) o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni\u00f3n Europea (art\u00edculo 34.3), entre otros.<\/p>\n
Sin embargo, a pesar de este marco normativo, y siendo la vivienda uno de los elementos esenciales para el desarrollo individual y social de cualquier ser humano, el derecho a una vivienda digna<\/strong> no es exigible ante los tribunales, como pueden ser los contemplados como fundamentales en nuestra Constituci\u00f3n. Podr\u00edamos decir que \u00e9ste es un \u201cderecho de segunda\u201d, tanto por la ubicaci\u00f3n en la Constituci\u00f3n, como por su falta de desarrollo normativo posterior por los sucesivos gobiernos del pa\u00eds<\/strong>.<\/p>\n
Durante mucho tiempo, las dificultades para satisfacer este derecho se limitaron a sectores poblacionales minoritarios, situados en la marginalidad o en su entorno socioecon\u00f3mico. Pero en la \u00faltima d\u00e9cada, con la crisis econ\u00f3mica, inmobiliaria y financiera, las consecuencias de la falta de regulaci\u00f3n<\/strong> y de articulaci\u00f3n del ejercicio efectivo de \u00e9ste se han extendido a muchos de los denominados ciudadanos \u00abnormalizados\u00bb.<\/p>\n
El derecho a una vivienda digna no es exigible ante los tribunales, como pueden ser los contemplados como fundamentales en nuestra Constituci\u00f3n<\/p><\/blockquote>\n
La expulsi\u00f3n de millones de trabajadores del sistema productivo y la falta de cobertura social<\/strong> a los mismos ha provocado, durante estos a\u00f1os, un n\u00famero important\u00edsimo de desahucios, hipotecarios y arrendatarios, o de amenazas de los mismos, con los consiguientes problemas psicosociol\u00f3gicos para las familias afectadas.<\/p>\n
A pesar de ello, la inacci\u00f3n de las administraciones p\u00fablicas, en sus diferentes niveles, ha sido flagrante, dejando la soluci\u00f3n al albur de las redes familiares o sociales de cada ciudadano.<\/p>\n
Esta situaci\u00f3n ha sido y sigue siendo especialmente virulenta en la ciudad de Madrid<\/strong>, tanto por los altos precios de las viviendas y, en consecuencia, las elevadas hipotecas, como por la falta de pol\u00edticas sociales en esta materia por los anteriores responsables municipales.<\/p>\n
Es m\u00e1s, no solo se ha evidenciado la falta de implicaci\u00f3n del gobierno local para implementar medidas que ayudasen a calmar los efectos de la crisis<\/strong> en los miles de familias madrile\u00f1as afectadas, sino que \u00e9ste contribuy\u00f3 activamente al empeoramiento de la situaci\u00f3n con medidas archiconocidas, como la venta de inmuebles de patrimonio municipal y la desactivaci\u00f3n del principal instrumento de intervenci\u00f3n del Ayuntamiento, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (en adelante EMVS).<\/p>\n
La nueva corporaci\u00f3n, encabezada por Manuela Carmena, decidi\u00f3 actuar inmediatamente con todos los medios municipales disponibles, reactivando el papel de la EMVS, con el principal objetivo de minimizar el da\u00f1o causado anteriormente, y trabajar para que el mayor n\u00famero posible de madrile\u00f1os puedan acceder a una vivienda digna<\/strong>.<\/p>\n
Para ello, se han adoptado las siguientes medidas:<\/p>\n
\n
- Reactivar la facultad de la EMVS de promover la construcci\u00f3n de nuevas viviendas<\/strong>, que hab\u00eda sido eliminada de su objeto social.<\/li>\n
- Transferir suelo municipal, calificado como residencial, para la promoci\u00f3n de 2.500 viviendas nuevas<\/strong>.<\/li>\n
- Cambiar el uso de las viviendas que a\u00fan no hab\u00edan sido vendidas, provenientes de restos de edificios promovidos por la EMVS, para destinarlas a alquiler social<\/strong>.<\/li>\n
- Dedicar la totalidad de las viviendas actuales y futuras, propiedad de la EMVS, exclusivamente al alquiler<\/strong>, ampliando el parque p\u00fablico de vivienda.<\/li>\n
- Modificar la normativa de adjudicaci\u00f3n de viviendas, con el fin de permitir que aquellas familias con rentas m\u00e1s bajas puedan ser adjudicatarias<\/strong>. Por incomprensible que pueda parecer, los m\u00e1s necesitados no pod\u00edan acceder a estos recursos, seg\u00fan el Reglamento de Adjudicaci\u00f3n de Viviendas, aprobado en 2012.<\/li>\n
- Posibilitar la adjudicaci\u00f3n, previo an\u00e1lisis de los trabajadores sociales especializados, a familias con necesidades excepcionales<\/strong>.<\/li>\n
- Dedicar recursos habitacionales a programas espec\u00edficos que buscan la reinserci\u00f3n de colectivos especialmente golpeados por diferentes circunstancias<\/strong> (Verbigracia, el colectivo de mujeres en riesgo de exclusi\u00f3n por violencia de g\u00e9nero, personas necesitadas de atenci\u00f3n prioritaria y emergencia residencial, personas sin hogar, mayores, etc.), ya sea con medios propios o en colaboraci\u00f3n con organizaciones y entidades especializadas con programas de trabajo en red, que les doten de habilidades sociales, mejoren la empleabilidad, y aporten recursos, entre otras medidas.<\/li>\n
- En la apuesta por fomentar la vivienda en alquiler, y para extender la acci\u00f3n del gobierno local m\u00e1s all\u00e1 de los destinatarios directos del parque p\u00fablico municipal, hemos redise\u00f1ado el Servicio Municipal de Alquiler, dependiente de la EMVS, a trav\u00e9s del cual el Ayuntamiento ofrece intermediaci\u00f3n entre propietarios y futuros inquilinos<\/strong>. A cambio de la prestaci\u00f3n de determinados servicios gratuitos por parte de la EMVS, que se mantendr\u00e1n durante toda la vida del contrato, los propietarios se comprometen a fijar rentas de alquiler por debajo del precio de mercado. Con esta iniciativa se pretende que este efecto de contenci\u00f3n de precios se extienda a las viviendas pr\u00f3ximas a las que participan en el programa y, en la medida de lo posible, a toda la ciudad. Favoreciendo tambi\u00e9n la optimizaci\u00f3n del parque de viviendas vac\u00edas.<\/li>\n<\/ol>\n
Entender la vivienda como un derecho real y cierto requiere poner todos los medios y recursos municipales para ello.<\/p>\n
Como poderes p\u00fablicos debemos promover pol\u00edticas sociales activas de vivienda y ser la herramienta que facilite el acceso a la misma.<\/strong><\/p>\n
Una nueva forma de gesti\u00f3n de la vivienda p\u00fablica, que permita a los madrile\u00f1os construir su hogar con un alquiler estable y asequible; una forma de gesti\u00f3n que entiende la funci\u00f3n social de la vivienda y la importancia de contar con un parque p\u00fablico de viviendas en arrendamiento en permanente desarrollo y crecimiento.<\/p>\n
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