{"id":19022,"date":"2017-01-25T01:20:13","date_gmt":"2017-01-24T23:20:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fotocasa.es\/fotocasa-life\/?p=19022"},"modified":"2020-11-27T11:24:11","modified_gmt":"2020-11-27T10:24:11","slug":"solucion-extrajudicial-clausulas-suelo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fotocasa.es\/fotocasa-life\/hipotecas-finanzas\/solucion-extrajudicial-clausulas-suelo\/","title":{"rendered":"El Gobierno asegura que la soluci\u00f3n extrajudicial de las cl\u00e1usulas suelo ahorrar\u00e1 38,4 millones a la Justicia"},"content":{"rendered":"
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El Gobierno asegura que el procedimiento extrajudicial sobre cl\u00e1usulas suelo<\/a><\/strong> aprobado el pasado viernes permitir\u00e1 ahorrar en torno a 38,45 millones de euros al no tener que reforzar la Administraci\u00f3n de Justicia<\/strong> para atender a los 2,19 millones de afectados<\/strong> por estas pr\u00e1cticas bancarias.<\/p>\n

As\u00ed figura en la memoria del decreto de medidas urgentes de protecci\u00f3n de consumidores en materia de cl\u00e1usulas suelo, en la que se muestra que el Ministerio de Justicia cifraba en 38.435.200 euros el coste total de las medidas organizativas de la justicia<\/strong> que se habr\u00edan tenido que haber aprobado ante la litigiosidad que se hubiese producido en caso de no haberse aprobado el procedimiento.<\/p>\n

Esta cifra se dividir\u00eda en un coste de 21,3 millones de euros para el Ministerio de Justicia<\/strong> y en otros 17,14 millones de euros para el conjunto de las comunidades aut\u00f3nomas<\/strong>, distribuido as\u00ed en funci\u00f3n de cuatro bloques de juzgados a reforzar bajo el criterio poblacional.<\/p>\n

Para realizar este c\u00e1lculo, el Gobierno baraj\u00f3 dos escenarios. La primera hip\u00f3tesis ser\u00eda que el n\u00famero aproximado de 2,19 millones de afectados plantease una acci\u00f3n individual<\/strong> ante los juzgados de primera instancia, lo que habr\u00eda m\u00e1s que duplicado la litigiosidad y habr\u00eda aumentado el tiempo de respuesta en los juzgados de primera instancia hasta los 39,3 meses, frente a los 9,2 meses actuales<\/strong>, y a 33,5 meses en los civiles<\/strong>, desde los 10,4 meses actuales<\/strong>.<\/p>\n

En un segundo escenario, el Ejecutivo contemplaba que s\u00f3lo el 33% de los potenciales 2,19 millones de afectados plantease alg\u00fan tipo de acci\u00f3n individual<\/strong> ante los juzgados de primera instancia, lo que habr\u00eda incrementado la litigiosidad en un 41% y el tiempo de respuesta se habr\u00eda duplicado, hasta el entorno de los 19 meses.<\/p>\n

En cualquier caso, el Gobierno destaca que el decreto ley aprobado supone mayores incentivos a acuerdos con clientes<\/strong>, lo que reduce el gasto en costas judiciales. Tambi\u00e9n da la posibilidad de novar el pr\u00e9stamos, lo que permite diferir el impacto en varios proyectos.<\/p>\n

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M\u00e1s recaudaci\u00f3n en sociedades<\/strong><\/p>\n

\u00abTodo ello implica que la estimaci\u00f3n de provisiones ser\u00e1 menor para muchas entidades<\/strong>, y por tanto, gracias al real decreto-ley los beneficios de las entidades podr\u00edan ser mayores y los activos fiscales diferidos (DTA) que se generen menores\u00bb, subraya el Ejecutivo en la memoria de la norma, asegurando que tambi\u00e9n redundar\u00eda en una mayor recaudaci\u00f3n por el Impuesto sobre Sociedades.<\/p>\n

No obstante, la normativa tambi\u00e9n establece que en el caso de que se haya practicado la deducci\u00f3n por vivienda habitual se permita regularizar los ejercicios no prescritos<\/strong> sin sanci\u00f3n, intereses de demora o recargo en la correspondiente autoliquidaci\u00f3n complementaria.<\/p>\n

Esto implica \u00abmenores ingresos tributarios por impuesto sobre la renta<\/a><\/strong>\u00ab, reconoce el Ejecutivo, que matiza que, en la medida en la que los acuerdos entre cliente y entidad se hagan en efectivo, supondr\u00eda la devoluci\u00f3n de deducciones practicadas.<\/p>\n

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Cargas administrativas<\/strong><\/p>\n

En cuanto a las cargas administrativas, el gobierno se\u00f1ala que aunque pudiera parecer que el decreto ley incorpora nuevas cargas administrativas<\/strong> para las entidades de cr\u00e9dito, la realidad es que \u00abde facto conseguir\u00e1 un ahorro mayor compensado en la reducci\u00f3n de cargas de car\u00e1cter judicial\u00bb.<\/p>\n

En cualquier caso, las entidades tendr\u00e1n la obligaci\u00f3n de implantar un sistema de reclamaci\u00f3n previa<\/strong> a la interposici\u00f3n de demandas judiciales y garantizar que sea conocido por todos los consumidores que tuvieran incluidas cl\u00e1usula suelo en su pr\u00e9stamos hipotecario. Tambi\u00e9n est\u00e1n obligadas a atender y resolver las reclamaciones presentadas y cuantificar la cantidad a devolver<\/strong>, si bien estas dos \u00faltimas no se tienen en cuenta a efectos de cuantificaci\u00f3n.<\/p>\n

Estas obligaciones de informaci\u00f3n se cuantifican por la gu\u00eda Metodol\u00f3gica para la elaboraci\u00f3n de la memoria del an\u00e1lisis del impacto normativo en 100 euros<\/strong>. Si esta cantidad se multiplica por la poblaci\u00f3n el resultado es un coste de cargas de 21.900 euros, a raz\u00f3n de 219 entidades de cr\u00e9dito, un importe \u00abm\u00ednimo atendiendo al sector\u00bb. El impacto m\u00e1ximo<\/strong><\/a> de la sentencia del TJUE para todo el sector es de 4.000 millones<\/strong>, seg\u00fan el Banco de Espa\u00f1a.<\/p>\n

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Buenas pr\u00e1cticas<\/strong><\/p>\n

El coste de m\u00e1s de 38 millones en refuerzo de la Administraci\u00f3n de Justicia<\/strong> se corresponde a una de las alternativas que contempl\u00f3 el Gobierno antes de pactar con el PSOE y Ciudadanos, el decreto, denominada \u00abopci\u00f3n cero\u00bb, y que supon\u00eda la inactividad normativa, bajo la premisa de que la opci\u00f3n \u00abno hacer nada\u00bb<\/strong> era una alternativa a considerar porque permit\u00eda tener la referencia de los efectos previstos para el supuesto de inactividad de los poderes p\u00fablicos\u00bb.<\/p>\n

Esta conllevaba riesgos, seg\u00fan el Ejecutivo, que apuntaba a que se recurriese mayoritariamente al cauce judicial<\/strong>, con la consiguiente demora en el cobro de las cantidades indebidamente cobradas, junto al aumento de los litigios y el coste en refuerzo del sistema judicial. Respecto a la opci\u00f3n del C\u00f3digo de Buenas Pr\u00e1cticas<\/a> o Protocolo de aplicaci\u00f3n voluntaria por parte de las entidades<\/strong> que baraj\u00f3 inicialmente el Gobierno, se\u00f1ala que podr\u00eda haber conducido a que una parte de los consumidores estuviesen bajo la protecci\u00f3n del procedimiento arbitrado y otro grupo no lo estuviese.<\/p>\n

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En vigor desde el domingo<\/strong><\/p>\n

La norma, aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros y en vigor desde el domingo tras su publicaci\u00f3n un d\u00eda antes en el Bolet\u00edn Oficial del Estado (BOE), contempla la posibilidad de iniciar acciones judiciales pero establece tambi\u00e9n un mecanismo extrajudicial<\/strong> para que bancos y consumidores puedan llegar a un acuerdo sin necesidad de iniciar una reclamaci\u00f3n en los juzgados.<\/p>\n

Adem\u00e1s, da tres meses a los bancos para llegar a un acuerdo con el consumidor<\/strong> para resolver las reclamaciones. La v\u00eda judicial quedar\u00e1 abierta en el caso de que el cliente no quede satisfecho con la oferta de su banco, seg\u00fan ha explicado en rueda de prensa el ministro de Econom\u00eda, Luis de Guindos.<\/p>\n

Este real decreto obliga a las entidades de cr\u00e9dito a poner en marcha en el plazo m\u00e1ximo de un mes<\/strong> a contar desde la entrada en vigor del decreto las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta v\u00eda extrajudicial. Adem\u00e1s, los bancos deben garantizar que el sistema es conocido por todos los consumidores con cl\u00e1usula suelo en sus contratos.<\/p>\n

Una vez que el cliente dirige la reclamaci\u00f3n a la entidad, esta deber\u00e1 remitirle un c\u00e1lculo de la cantidad a devolver incluyendo los intereses<\/strong> o, alternativamente, las razones por las que considera que la reclamaci\u00f3n no procede. Tras recibir la comunicaci\u00f3n, el consumidor deber\u00e1 decidir si est\u00e1 de acuerdo o no. Si lo est\u00e1, la entidad realizar\u00e1 la devoluci\u00f3n del efectivo en un plazo m\u00e1ximo de tres meses<\/strong>, aunque tambi\u00e9n cabe la posibilidad de que la entidad y el cliente acuerden otras medidas compensatorias alternativas, como la novaci\u00f3n de las condiciones de la hipoteca.<\/p>\n

En ese caso, la aceptaci\u00f3n por parte del cliente ser\u00e1 manuscrita<\/strong>, tras haber sido informado debidamente del valor econ\u00f3mico de la medida alternativa.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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