17 octubre 2018

España es un país donde el ladrillo ha influido en el crecimiento económico, y también social, de muchas ciudades.

Todo comenzó con el boom de los años 60, llegando a su cumbre antes del estallido de la crisis económica de 2008, con un parque inmobiliario muy extenso. La disponibilidad de suelo y una mayor migración de población del campo a la ciudad fueron clave en el crecimiento de las capitales.

Pese a ello, en grandes ciudades como Madrid y Barcelona ha aumentado la demanda de vivienda residencial, hasta el punto que en muchos barrios ya no hay stock inmobiliario disponible. En la comunidad madrileña se ha aprobado, recientemente, varios proyectos de ampliación de su parque inmobiliario, para crecer hacia el norte. En la capital catalana, en cambio, no se dispone de suelo edificable, complicando, todavía más, esta situación.

El creciente interés del inversor extranjero y, sobre todo, que sean dos plazas cotizadas y de gran atracción turística, unido a la recuperación económica (y los bajos tipos de interés) han hecho despertar el mercado inmobiliario. No obstante, no es una situación generalizada en el conjunto del país, sino que se focaliza en grandes urbes. Y si bien en un artículo anterior comentamos la posibilidad de cambiar el uso de locales comerciales, para dar respuesta a la demanda habitacional, en esta ocasión tratamos el derecho de vuelo, una solución rentable para la comunidad de vecinos, pero sobre todo ecológica.

 

Soluciones rentables

Si algo hemos aprendido de la burbuja inmobiliaria es que tenemos que encontrar soluciones habitacionales que sean más económicas, pero también respetuosas con el medio ambiente. Durante la crisis, muchos propietarios de edificios urbanos se complicaron con el mantenimiento de las fincas, perjudicando su estado de conservación por falta de liquidez. Además, las subvenciones públicas también han ido a la baja.

En este sentido, el derecho de vuelo permitiría costear los gastos de mantenimiento del inmueble. Y es que el derecho de vuelo no es más que construir en vertical nuevas plantas. En muchas ocasiones, esta ampliación de la construcción permitiría mejoraría su accesibilidad, ya que podría aprovecharse para, no sólo para acondicionar el estado general de la finca, sino que también permitiría, por ejemplo, instalar un ascensor. El número de vecinos se vería incrementado y, con ello, un mejor aprovechamiento del espacio, pero, sobre todo, gracias a los trabajos de rehabilitación se revalorizaría el inmueble.

El derecho de vuelo no es un concepto nuevo. No hay más que observar mientras paseamos por alguna ciudad. Si nos paramos y echamos la vista hacia arriba veremos como muchos de los edificios se han ido construyendo en varias fases, para aumentar el número de pisos y, por ende, el de viviendas.

 

Restricciones urbanísticas

Elevar los edificios es también una forma de hacer crecer la ciudad. Y es que las azoteas de muchos inmuebles residenciales tienen la posibilidad de ser edificados. Sin embargo, esta alternativa inmobiliaria tiene ciertas restricciones, ante todo técnicas, para garantizar la seguridad de la finca. Pero, si un edificio puede soportar el aumento de plantas, también debe obedecer al planteamiento urbanístico que impone cada municipio.

En algunas localidades, la normativa urbanística limita el número de plantas máximas que un edificio puede ampliar, así que, esta variante legitima a las construcciones para que puedan construir de acuerdo a la constitución y planteamiento urbanístico.

Pero ¿por qué el derecho de vuelo se considera una práctica sostenible? El crecimiento de las grandes urbes ha ido provocando la reducción de terreno por urbanizaciones inmobiliarias. El hormigón ha ido ganando espacio a las áreas verdes. Sin embargo, con el derecho de vuelo, la construcción es en vertical, así que no irrumpe en los espacios verdes, que son auténticos pulmones para la mayoría de ciudades.

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