4 septiembre 2015

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto que sean las compañías eléctricas y no los consumidores quienes asuman las pérdidas de suministro eléctrico, estimadas en 150 millones de euros anuales, que cada año registra la red española y que en su mayor parte vienen generadas por la comisión de fraudes en las conexiones.

El ‘superregulador’ considera que así se incentivaría a las compañías a reducir estas pérdidas de electricidad y a atajar el fraude, que desde 2012 registra un «significativo aumento y profesionalización». «Incluso ha proliferado el fraude organizado», alerta.

La CNMC señala a este fraude como la principal causa de las pérdidas de electricidad que cada año registra la red eléctrica española. Otro pequeño porcentaje deriva de fallos técnicos, lecturas no realizadas o falta de mantenimiento.

Según la Ley del Sector Eléctrico, la energía defraudada «no supone una disminución de los resultados de las compañías eléctricas, sino un mayor coste para los consumidores». «Son estos quienes sufragan el coste que los efectos del fraude suponen para el sistema», asegura la comisión. Por ello, tras constatar el aumento de pérdidas del sistema eléctrico y del fraude con el operador y las principales distribuidoras, la CNMC ha elaborado un informe con una propuesta para atajar ambos problemas.

El organismo pide revisar el actual incentivo que se da a las empresas distribuidoras para controlar el fraude y propone dos alternativas para achacar la responsabilidad sobre las pérdidas del sistema.

La primera, que el distribuidor sea el responsable de comprar la diferencia de pérdidas reales y estándares (las derivadas de defectos técnicos del sistema) y así las pérdidas reales se asumirían por «los responsables de la calidad de la red y no por el consumidor». La segunda contempla que el comercializador siga siendo el responsable de comprar las pérdidas del sistema como ahora, pero que el distribuidor le financie la diferencia entre las pérdidas técnicas y las reales.

«En ambos casos, el coste de las pérdidas reales incidiría de forma inmediata sobre los ingresos de los distribuidores, por lo que se reforzaría el incentivo a la reducción de pérdidas«, argumenta el organismo presidido por José María Marín Quemada.

La Comisión señala, además, la necesidad de fomentar una acción conjunta y armonizada por partes de las administraciones para luchar contra el fraude, «dada la disparidad de criterios actual a escala estatal y autonómica».

 

Sofisticación del fraude

En su informe, la CNMC alerta no sólo del «significativo» aumento del fraude, sino de su «sofisticación, que cada vez hace más difícil su detección». Así, entre las distintas modalidades de fraude cita los enganches directos y sin contratos a la red de distribución o a instalaciones de otro usuario, o la colocación de derivaciones para suministrar energía a una instalación no prevista en el contrato.

También se defrauda mediante la manipulación de los contadores de energía para alterar el registro de consumos, con la realización de puentes o la instalando determinados dispositivos, o mediante la manipulación del interruptor del control de potencia.

Además del perjuicio económico para los consumidores, la CNMC alerta de que el fraude constituye también un «grave problema de seguridad», para quienes lo cometen y para los operarios que trabajan con las redes de eléctricas manipuladas, y genera problemas técnicos por las averías que ocasiona.

 

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