12 enero 2021

Después de varios días de incertidumbre y desacuerdos entre los distintos partidos políticos españoles, el pasado 2 de Diciembre se acabó dando luz verde al nuevo decreto antidesahucios. En la reunión, mantenida entre representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y la Vicepresidencia de Derechos Sociales, se llegó a un acuerdo mediante el cual se garantiza que se paralizarán todos los desahucios de familias vulnerables mientras dure el estado de alarma.

Este pacto, que pronto se hará llegar al Consejo de Ministros -todavía quedan algunos cabos sueltos que hay que matizar-, contempla una ampliación de la norma actual. Esta impedía echar de casa a todas aquellas personas que acrediten que pertenecen al colectivo vulnerable por la COVID-19, y a partir de ahora tampoco se podrá echar a colectivos que ya eran vulnerables antes de la pandemia.

El texto también contempla el supuesto de aquellas personas que ni tan siquiera posean un título de propiedad o contrato de alquiler, es decir, a todos los que estén okupando un inmueble, aunque en este caso la paralización del desahucio será temporal y solo se aplicará si la vivienda pertenece a un gran propietario, es decir, a una persona física o jurídica que posea más de diez inmuebles.

Para evitar el desahucio, los inquilinos podrán alegar vulnerabilidad económica. Deberán acreditarlo ante un juez a través de un informe vinculante que los tribunales deberán solicitar obligatoriamente en el caso de que los afectados no puedan hacer frente al pago del alquiler, en el que deberá constar cuál es su situación. También se aceptará otro tipo de documentación, como la que demuestre que estos se encuentran en una situación de ERTE o de despido laboral posterior al inicio del primer estado de alarma decretado por el Gobierno. Si se confirma que, efectivamente, existe dicha vulnerabilidad, el propietario no podrá echar al inquilino de la vivienda hasta que finalice el estado de alarma actual, que se prevé que suceda el 9 de Mayo de 2021.

Si el juez determina que, efectivamente, los ocupantes de la vivienda están en situación de vulnerabilidad, podrá paralizar el desahucio, siempre dentro del estado de alarma y durante un máximo de tres meses. Durante este tiempo, las Administraciones deben intentar encontrar una alternativa de vivienda digna para las personas que van a ser desahuciadas, aunque el Gobierno todavía tiene que especificar cómo se va a garantizar esta situación.

De momento, se prevé que el ejecutivo derivará la potestad a las respectivas comunidades autónomas, que ahora mismo tienen transferida la competencia en vivienda, para que garanticen un plan para todas las personas vulnerables. Aunque cuenta con los fondos del plan estatal, ampliados a raíz de la emergencia sanitaria, en España ahora mismo solo hay un 2,5% de los inmuebles destinados a las personas sin recursos económicos.

A pesar de los avances en la ampliación de esta normativa antidesahucios, que se aprobó en mayo y se prorrogó luego en dos ocasiones, quedan muchos cabos sueltos. Uno de ellos es la prohibición de corte de los suministros básicos (agua, luz y gas), que se aceptó durante los primeros meses de la pandemia -y que contó con el apoyo de las principales compañías energéticas-, pero que en la prórroga del denominado escudo social acordado en Septiembre se dejó de lado.

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