4 junio 2014

La Comisión Europea ha pedido al Gobierno Español «nuevas medidas» para acabar con la segmentación en el mercado laboral, así como rebajar las cotizaciones sociales y compensar la pérdida de ingresos con subidas del IVA y de impuestos medioambientales para reducir el paro y la deuda y consolidar la recuperación.

Bruselas exige concretar los ajustes que tiene previsto adoptar para cumplir los objetivos de reducción de déficit en 2015 (4,2%) y en 2016 (2,8%). Para la Comisión, la estrategia presupuestaria de España en los próximos años «se ajusta sólo en parte a los requisitos del Pacto de Estabilidad». Las previsiones de crecimiento del Gobierno son plausibles para 2014 (1,2%), pero presentan «riesgos de sobreestimación» para 2015 (1,8%) y son «un tanto optimistas» para 2016 y 2017. «Así pues, existen también riesgos de sobreestimación en relación con las sendas de ajuste del déficit y la deuda», avisa.

Además de una reforma a nivel laboral y bancario, el Ejecutivo comunitario pide a España que adopte antes de fin de año «una reforma fiscal completa para hacer el sistema tributario más simple”, que permita, entre otras cosas una “estabilidad de los ingresos». “Para este fin debe: trasladar la tributación hacia impuestos que distorsionan menos, como los que gravan el consumo, los medioambientales y los que gravan de forma recurrente la propiedad», apuntan.

De adoptarse, estas medidas podrían derivar en la subida del IVA que grava la compra de vivienda nueva, del 10% al 21%; o que el tipo reducido pasase del 10% actual al 13%. Esta opción no agrada nada al sector inmobiliario, que advierte de que podría suponer un problema para la leve recuperación de las ventas de viviendas y la tímida reactivación de la construcción que se están viviendo actualmente, pudiendo afectar a la economía y el empleo.

Además, otra de las recomendaciones de la UE y organismos internacionales como el FMI o la OCDE es la eliminación definitiva de la deducción por compra de vivienda, que entienden sólo sirve para seguir hinchando la burbuja inmobiliaria y favorece a las rentas más altas, que son las que pueden aplicarse la deducción completa y llegar al máximo beneficio fiscal.

Una medida que ya recogía la propuesta de reforma fiscal del Comité de Expertos, elegido por Mariano Rajoy, donde se apostaba por la eliminación progresiva de la deducción (durante un plazo de unos 10 años). Es decir, el contribuyente debería concentrar en esos 10 años la masa deducible, con los límites actuales sobre cuota, independientemente de si pudiese adelantar la devolución en ese plazo o si siguiese con la hipoteca el resto de su vida.

Por otra parte, Bruselas también sugiere determinar una renta presunta a la vivienda habitual del entorno del 1,1% del valor catastral o valor escriturado. Este rendimiento no se integraría en la Base Imponible general, sino que se imputaría a la tarifa del ahorro, para la que los expertos demandan un tipo único en el entorno del 20% cuando ahora la tarifa es progresiva y llega hasta el 27% según los rendimientos.

Además, la comisión reclama al Gobierno que supervise “la actividad de la Sareb para garantizar que los activos se vendan en los plazos establecidos, minimizando el coste para el contribuyente».

 

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