23 mayo 2014

La nueva Ley General de Telecomunicaciones, aprobada el pasado 9 de mayo, facilita a las operadoras la expropiación forzosa de azoteas particulares y otras propiedades privadas y públicas para la colocación de antenas de telefonía móvil “cuando resulte necesario para la instalación de la red y no exista otra alternativa técnica o económicamente viable”. Un punto que ha suscitado polémica por atentar directamente contra el principio básico de la propiedad privada que establece el Estado de Derecho. El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas es uno de los colectivos que se oponen a esta norma. Asegura que los operadores tendrán acceso a estos espacios privativos sin necesidad de licencias de obras ni estudios de impacto ambiental; Solo requerirán “un plan de despliegue o instalación de red en la zona que posibilite el permiso del Ministerio de Industria para colocar la antena en la azotea elegida por la operadora”. Señalan también que la nueva norma choca de frente con la Ley de Propiedad Horizontal, que se establece que cubiertas y terrazas son elementos comunes y según la cual la comunidad de propietarios podría negarse a la instalación de las antenas alegando razones de imprevisión, creando lagunas legales. Por otra parte, los Administradores advierten que la nueva legislación no cumple con la Ley General de Salud Pública, que establece que “la existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurran”. De hecho, la nueva Ley de Telecomunicaciones no restringe la instalación de antenas, ni regula el potencial peligro que estas pueden comportar para la salud de los ciudadanos. Además, consideran que es incomprensible que esta nueva norma no valore el riesgo de sobrepeso que podría suponer la instalación de este tipo de antenas para la estructura del edificio y de los pisos más próximos a la cubierta. Por no hablar de los perjuicios para los propietarios de las viviendas más cercanas al cableado eléctrico, “que verían como su inmueble se deprecia por esta circunstancia, de obligado cumplimiento normativo”. Por todo esto, los Administradores de Fincas Colegiados han solicitado la intervención del Defensor del Pueblo para que, “como Alto Comisionado de las Cortes Generales, denuncie en el Parlamento este articulado de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que viola el derecho a la propiedad privada de los ciudadanos españoles”.

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