29 noviembre 2017

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha afirmado este martes en el turno de interpelaciones de la sesión de control al Gobierno en el Senado que el Ministerio está tramitando el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para que entre en vigor en enero de 2018.

Así lo ha señalado el representante del Ministerio tras hacer hincapié en que la política en materia de vivienda es una de las prioridades del Gobierno y afirmar que se está haciendo «todo lo que está en el marco de sus competencias».

Además, ha asegurado que el desfase entre la oferta y la demanda de los inmuebles en alquiler en España están fomentados por las secuelas de la crisis, por la movilidad geográfica y por el sector turístico, que es «clarísimamente» uno de los aspectos que está provocando una mayor desigualdad.

Para hacer frente a esto, Fomento ha afirmado que el Gobierno ha puesto en marcha algunas medidas como la de flexibilización o el fomento del alquiler, impulsando un marco regulatorio entre arrendador y arrendatario, que «supuso un fuerte atractivo para el mercado del alquiler».

También ha recordado que las ayudas al alquiler de vivienda, que permitirán que haya más beneficiaros de las ayudas al alquiler, ya que el Gobierno elevó hasta los 900 euros el suelo «máximo» para poder beneficiarse de la misma.

De la Serna ha insistido en que los ayuntamientos, pese a tener la competencia, no están haciendo «absolutamente» nada para incrementar la oferta de vivienda e intentar regular el precio de la misma.

«Los ayuntamientos están al frente de las instituciones que llevan a cabo toda la parte de gestión del suelo, han prometido viviendas y no han hecho ni una. Estamos dispuestos a ayudarles con recursos para poner en marcha estas viviendas», ha apostillado.

Por su parte, la senadora del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea María Pilar Garrido ha instado al Gobierno a limitar el precio del alquiler al igual que se hace en ciudades como París.

Ante esta afirmación, De la Serna ha asegurado que existe una batería «muy importante de ayudas para favorecer el alquiler, porque esto se trata de un juego de oferta y demanda», pero que limitar el precio del alquiler tendría un efecto contrario a lo que se pretende, ya que se reduciría la oferta y se desincentivaría la rehabilitación de los inmuebles para ponerlos en el mercado.

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