17 julio 2020

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado este jueves que sólo se puede negar la devolución a los clientes de los bancos de todos los gastos hipotecarios incluidos en una cláusula abusiva si así lo estipula previamente la legislación nacional.

De lo contrario, si no existiese una disposición en el Derecho nacional que imponga a los consumidores el pago de la totalidad o de una parte de estos gastos, la legislación comunitaria se opone a que un juez nacional niegue a los clientes que firmaron con un banco la devolución de las cantidades pagadas por la constitución y la cancelación de la hipoteca.

El tribunal de Luxemburgo ha resuelto así las cuestiones prejudiciales remitidas por dos juzgados de primera instancia de Mallorca y Ceuta para resolver sendos litigios que enfrentaban a los firmantes de dos contratos de préstamo con garantía hipotecaria con Caixabank y BBVA, respectivamente.

En concreto, el TUE ha dictaminado que la legislación europea se opone a que, en caso de nulidad de una cláusula contractual abusiva que impone al consumidor el pago de la totalidad de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca, el juez nacional niegue al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de esta cláusula”.

A continuación, la sentencia subraya que sólo se podría cargar “la totalidad o una parte” de los gastos hipotecarios al cliente si así lo estipulan “disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de esa cláusula”.

“Si estas disposiciones hacen recaer sobre el prestatario la totalidad o una parte de estos gastos, la directiva no se opone a que se deniegue al consumidor la restitución de la parte de dichos gastos que él mismo deba soportar”, explica el TUE.

Claúsulas abusivas en las hipotecas

Comisiones de apertura

Con respecto a las cuestiones prejudiciales de ambos juzgados españoles sobre las comisiones de apertura, el tribunal de Luxemburgo señala que no están incluidas en el concepto de “objeto principal del contrato” y los jueces están obligados “a controlar el carácter claro y comprensible” de las mismas.

En este punto, el TUE recuerda que el carácter “claro y comprensible” de una cláusula que impone una comisión de apertura “debe ser examinado por el juez nacional a la vista de todos los aspectos de hecho pertinentes”. Por tanto, la normativa europea “se opone a una jurisprudencia según la cual una cláusula contractual se considera en sí misma transparente, sin que sea necesario llevar a cabo un examen como el descrito”.

En tercer lugar, la sentencia declara que una cláusula que contempla el pago de una comisión de apertura por parte del cliente “puede causar en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes” en caso de que “la entidad financiera no demuestre que esta comisión responde a servicios efectivamente prestados”.

Por otro lado, el TUE señala que la directiva no se opone a que la reclamación del dinero cobrado de más en virtud de una cláusula abusiva esté sometido a un plazo de prescripción. No obstante, añade que el hecho de que la legislación española contemple un plazo de cinco años a partir de la celebración del contrato “puede dificultar excesivamente el ejercicio de los derechos” al consumidor y, por lo tanto, “violar el principio de efectividad”.

Finalmente, el fallo declara que las normas europeas “se oponen a un régimen que permite que el consumidor cargue con una parte de las costas procesales” a raíz de la declaración de abusividad de una cláusula porque “crea un obstáculo significativo que puede disuadir a los consumidores de ejercer el derecho a un control judicial efectivo”.

Asociaciones de consumidores celebran el fallo europeo

La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ha celebrado que la sentencia es “una gran noticia para todos los afectados por cláusulas abusivas en sus hipotecas”. “Europa ha dejado claro que, si un consumidor tiene que incurrir en gastos procesales para reclamar, el juez deberá condenar en costas al banco. Esto es, los bancos tienen que prepararse para asumir el coste de todos los procedimientos judiciales que hay en marcha, que son de un mínimo 3.000 euros en los tribunales Madrid”, ha asegurado.

Opinión de Asufin sobre la sentencia

Por su parte, Adicae ha calificado la sentencia de derrota clave para la banca y sus cláusulas abusivas frente a los consumidores” y aclara que deben devolverse a los consumidores todos los gastos de formalización de hipotecas impuestos en sus préstamos, pese a su “habitual ambigüedad en algunos aspectos”.

Además, Adicae cree que el fallo europeo debe necesariamente “provocar un giro en la actitud de la banca”, por lo que estima imprescindible que las entidades y las patronales sectoriales “se abran a un diálogo que permita una solución extrajudicial colectiva”.

Para la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) la sentencia es “una noticia positiva y esperada”. La asociación ha valorado el TUE haya “rectificado por enésima vez” una decisión del Tribunal Supremo español, estableciendo que, declarada abusiva la cláusula de imposición de gastos, el tribunal no puede decidir el reparto de gastos, aunque no será posible recuperar el impuesto de IAJD para las hipotecas firmadas antes de noviembre de 2018.

OCU también ha lamentado la “exasperante lentitud” de la Justicia y la actitud de los bancos, que “obligan a los consumidores a acudir a los tribunales y recurrir hasta el final para desincentivar sus justas reclamaciones”, por lo que ha vuelto a exigir la creación de mecanismos ágiles de resolución de conflictos y la mejora de las acciones colectivas que permitan defender de forma eficaz los derechos de los consumidores.

KPMG ve distintas interpretaciones

El socio responsable del sector financiero de KPMG en EMA y socio principal de KPMG Abogados, Francisco Uría, ha advertido de que la sentencia tiene pronunciamientos a favor y en contra de cada una de las partes y que se pueden interpretar de distintos modos.

Por un lado, habría que excluir el coste del IAJD de la litigiosidad, ya que en ese ámbito sí hay una definición normativa, que además es de un volumen “muy importante”. Otra cuestión controvertida se refiere a la comisión de apertura, sobre la que el TUE es menos concluyente, al no hacer una afirmación genérica sobre ellas y remitir al análisis que caso a caso haga el juez competente respecto de la validez de esta cláusula y de la información específicamente proporcionada por la entidad al consumidor en el momento de realizar el préstamo.

Asimismo, Uría ha indicado que la sentencia concluye con una serie de cuestiones técnicas relativas a la prescripción en este tipo de acciones. Aunque afirma que el plazo de cinco años que se usa en el Derecho español es correcto o no se opone a las normas del Derecho Europeo, introduce algún matiz respecto del momento en el cual empieza a correr ese plazo.

Respecto al reparto de costas procesales y el problema de aquellos casos en los que, habiéndose declarado que la cláusula es abusiva, no se reconoce en su integridad todas las acciones que solicitaba el demandante y se le puede imponer una condena parcial en costas a él, el Tribunal considera que, en la medida que puede dificultar su acceso a la Justicia, debería ser objeto de una evaluación.

“En definitiva, podemos considerar que la sentencia no implica un pronunciamiento genéricamente contrario a las posiciones que habían defendido las entidades de crédito, si bien en el caso concreto de la comisión de apertura y entiendo que solo en este, tendremos que ver cómo se van pronunciando los tribunales de Justicia españoles en ese respecto”, ha señalado el socio de KPMG.

TUE: los bancos deben devolver a sus clientes todos los gastos hipotecarios abusivos

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