26 marzo 2015

La Comisión de Justicia del Congreso ha dado luz verde a la reforma de las leyes Hipotecaria y del Catastro con los votos de PP, UPyD, PNV y UPN, tras modificar el texto original con las 43 enmiendas parciales de los ‘populares’ y tres cambios pactados con la formación magenta y Unión del Pueblo Navarro.

Tanto el PSOE -que presentó enmienda de totalidad al proyecto de ley- como la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) han votado en contra del proyecto de ley, entre otras cosas por el hecho de que no se revisen las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica en las últimas décadas, y a las que ahora se pone fin.

Convergència i Unió (CiU) ha optado por la abstención como queja por la presentación, minutos antes del inicio de la comisión, de algunos cambios más a propuesta del PP y por la no aceptación de ninguna de sus enmiendas parciales.

 

Más coordinación entre el registro y el catastro

El ‘popular’ Gonzalo José Ordóñez ha negado que ésta sea una ley privatizadora, alegando que tanto el Registro como el Catastro son entidades públicas. Y ha defendido que con esta reforma se «abaratará el proceso de descripción gráfica de las fincas y se incentivará una mayor seguridad jurídica», al mejorar la coordinación entre ambas instituciones.

«Se trata de una larga aspiración ciudadana: la coordinación entre el Catastro y el Registro en materias como la descripción de los bienes», ha insistido, destacando entre las medidas técnicas presentadas por su grupo algunas «de fondo» como la eliminación del año de ‘vacatio legis’ para el fin de las inmatriculaciones, lo que «impedirá que la Iglesia pueda seguir» recurriendo a este procedimiento.

En este sentido, ha explicado que no se pueden aceptar enmiendas de la oposición en esta materia, reclamando una revisión de las inmatriculaciones ya realizadas, alegando que la Constitución impide la «aplicación retroactiva de normas restrictivas de derechos individuales» adquiridos con anterioridad. Finalmente, ha defendido que las enmiendas presentadas poco antes del inicio del debate son «técnicas» y hacen referencia a alegaciones de los servicios jurídicos del Congreso.

Por su parte, el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha valora la norma que, pese a ser eminentemente «técnica» tiene un «trasfondo de interés».

 

El proyecto se empeora

El diputado del PSOE Víctor Morlán se ha quejado de que las enmiendas del PP varían sustancialmente muchos aspectos del texto, “no para mejorarlo, sino para empeorarlo», ha lamentado. Además, ha insistido en que hace falta clarificar qué propiedades han sido inmatriculadas por la Iglesia en las últimas décadas y ha afirmado que el proyecto de ley «decanta la balanza hacia el Registro en demérito del Catastro, del Notariado y de la Administración de Justicia».

«Los registradores tendrán la facultad para reconocer, interpretar y atribuir derechos, e inscribirlos, dejando de lado a notarios y jueces, que sólo actuarán en última instancia», ha explicado, reclamando que «la información del Catastro prevalezca» sobre los asientos registrales, al contrario de lo que establece el proyecto de ley.

 

No garantiza la concordancia

El portavoz adjunto de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, ha asegurado que comparte la «necesidad de mejorar» esta normativa para «resolver conflictos entre anotaciones catastrales y registrales«, pero cree que el proyecto de ley «no lo garantiza en algunos aspectos», sobre todo cuando no hay concordancia entre los asientos registrales y la realidad.

Además, critica la «continua ofensiva» del Gobierno para «situar los intereses de los registradores de la propiedad como intereses generales», y lamenta que se pierda la ocasión de «establecer un ‘modus operandi’ distinto a futuro para exigir una representación gráfica previa a cualquier inscripción registral o catastral», lo que «evitaría contenciosos futuros, daría más seguridad jurídica y evitaría costes a los ciudadanos», como sucede por ejemplo en los casos de inmatriculaciones o reordenaciones urbanísticas de terrenos.

Por CiU, Jordi Jané ha lamentado las formas de tramitación del proyecto de ley, con «enmiendas que aterrizan pocos minutos antes de ser votadas», lo que impide a su grupo apoyar un proyecto de ley «necesario», por «no conocer exactamente su contenido». Además, ha criticado que se haya «perdido la ocasión» tanto de conseguir un acuerdo parlamentario más amplio como de mejorar la «seguridad jurídica» mediante una «mayor precisión» de las inscripciones con respecto a la realidad física.

 

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