26 noviembre 2020

En España más de un millón y medio de familias han pedido el acceso a una vivienda de protección oficial durante el 2020. Sin embargo, este mercado que alcanzó su máximo apogeo durante los años previos a la crisis del 2008 no pasa por un buen momento. Y es que desde entonces hasta ahora la construcción de las VPO se ha reducido un 92%, lo que significa que solo un 2% de estas familias tendrá acceso a ellas.

El dinero invertido en este tipo de viviendas por parte de las administraciones públicas es realmente bajo, y las comunidades autónomas no tienen suficientes recursos para hacerlo. Los promotores, por su parte, también han dejado de lado este tipo de inversión, ya que como la administración no promueve la reducción de costes ni implementa recortes fiscales no les sale rentable. Todo ello ha hecho que España sea uno de los países de Europa con menos pisos de protección oficial.

En general, este tipo de pisos se ponen a disposición del Gobierno para facilitar el acceso a la vivienda a aquellas personas más desfavorecidas, por lo que para empezar tienen que acreditar que poseen rentas muy bajas y que, por lo tanto, no pueden optar  a ningún otro tipo de residencia.

Las VPO están, como decíamos, promovidas por la administración pública española y se ofertan a un precio bastante inferior al de bienes equivalentes en el mercado. Cada comunidad autónoma estipula una serie de características que deben cumplir, como sus dimensiones y su precio máximo de venta o alquiler, así como los requisitos para acceder a ellas. Estas también determinan el periodo en el que se considera que se trata de una vivienda calificada como “protegida”.

¿Quién accede a ellas?

Sin embargo, el plan estatal de vivienda 2018-2021 establece una serie de parámetros generales. En primer lugar, como ya hemos dicho, solo pueden acceder a ellas personas que puedan demostrar que sus ingresos no les permiten tener acceso a una vivienda a precio de mercado, aunque sí deben tener unos ingresos mínimos, así como aquellas que nunca hayan tenido una VPO anteriormente en España. Otros de los requisitos imprescindibles es no tener ninguna vivienda en propiedad y estar empadronado en la comunidad autónoma en la que se solicite el piso protegido.

Asimismo, las personas que logren acceder a una VPO deben saber que mientras se mantenga su categoría de “protegida” solo se podrá destinar a domicilio habitual y sus propietarios o inquilinos no tendrán opción de venderla o alquilarla libremente. De hecho, para hacerlo antes de que hayan pasado diez años desde su adquisición, que es el plazo medio que establecen las comunidades autónomas, habrá que pedir autorización de su respectiva región; además habrá que devolver todas las ayudas que se hayan obtenido por parte del Estado o las comunidades autónomas, como préstamos convenidos, subsidios o créditos para la entrada.

Si aun así deciden venderla, su precio estará limitado al que corresponda en el momento de la transacción a una vivienda protegida del mismo régimen de protección y del municipio en el que se encuentra, y la administración tendrá derecho preferente a la hora de comprarla.

Pueden ser de alquiler o venta

Aunque las VPO pueden ser tanto de alquiler como de venta, tradicionalmente se han destinado casi por completo a la segunda opción. Sin embargo, el plan de vivienda 2018-2021 pretende fomentar la opción de destinarlas al alquiler, para que las familias más desfavorecidas tengan acceso una vivienda, así como impulsar un parque público de vivienda social para alquilar.

Existen varios tipos de vivienda protegida. Aunque se suele usar el término genérico VPO (Vivienda de Protección Oficial), cabe destacar que existen más tipos de vivienda protegida, aparte de estas. Una vivienda se considera protegida cuando la comunidad autónoma en la que se encuentra verifica que cumple con varios requisitos, sobre dimensiones y precio máximo de venta o alquiler.

Las personas que cumplan con todos los requisitos citados anteriormente y quieran acceder a una vivienda protegida deben apuntarse al registro público de demandantes, que se encuentra y se gestiona en cada comunidad autónoma, o bien a las convocatorias de organismos públicos. También se puede contactar directamente con empresas promotoras o gestoras de cooperativas que se encarguen de ello. Asimismo, Fotocasa cuenta con una amplia oferta de vivienda protegida.

 

 

Facebook Comments