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La búsqueda del alquiler perfecto siempre es complicada, pero si a ello se le añade el ser extranjero, la ecuación se torna si cabe más difícil todavía. Hay muchas zonas o barrios concretos en los que cada vez es más tedioso poder acceder a una vivienda que por precio y características se ajuste a lo que necesitamos, y, además, el mero hecho de ser extranjeros convierte la búsqueda del alquiler ideal en una misión muchas veces imposible.

Son demasiadas personas las que ven como muchos propietarios e inmobiliarias les rechazan como posibles inquilinos por el mero hecho de tener un nombre o un acento que pueda parecer extranjero, por una mera actitud discriminatoria por razón de raza o lugar de nacimiento.

Cualquier persona que viva esta situación o sea testigo de ella debe saber que este hecho vulnera la Constitución, ya que según lo dispuesto en el art. 14 de nuestra Carta Magna, en ella se establece que todos tenemos derecho a una vivienda digna y lo que aún es más importante, que todos somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

¿Cómo demostrar la discriminación de los potenciales inquilinos?

La persona que se encuentre agraviada por una actitud discriminatoria lo primero que ha de hacer es preparar pruebas de cargo de estos hechos, valiéndose para ello de testigos, grabaciones, o de cualquier otra prueba válidamente obtenida. Actualmente gracias a la tecnología de que disponemos es bastante fácil conseguir una grabación de los hechos.

Puede servir por ejemplo una grabación de la llamada telefónica que hemos mantenido con el propietario que se niega a alquilarnos la vivienda en cuanto escucha el acento sudamericano del interesado, aduciendo haber alquilado el inmueble, para acto seguido atender de nuevo esta vez a mi testigo que con un perfecto acento español consigue alquilar el mismo inmueble sin problemas.

¿Qué dice la Ley?

El Estado de Derecho en el que vivimos conlleva el rechazo de cualquier conducta contraria a la integración social, incluso de aquellas conductas que pudieran tener escasa entidad, tan solo los actos discriminatorios más graves pueden considerarse actos de provocación discriminatoria, incitando a cometer hechos delictivos e incluso comportamientos que sin estar tipificados penalmente como delitos en el Código Penal, supongan la vulneración de derechos fundamentales de la persona como el acceso a una vivienda digna. La propia Ley nos ofrece mecanismos de defensa ante estas actitudes discriminatorias.

El artículo 53.2 de la Constitución nos dice que cualquier ciudadano puede recabar la tutela del derecho de igualdad ante la Ley recogido en el art. 14 de la Constitución española, ante los Tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. Este mismo artículo también permite a cualquier ciudadano acudir ante el Tribunal Constitucional a través de un recurso de amparo. El Defensor del Pueblo, en virtud del art. 54 de la Constitución, tiene competencias también para la defensa de los derechos recogidos en el Título I de la Constitución, entre los que está el art. 14 CE aludido.

Por otro lado, el Código Penal, dentro de los delitos cometidos contra la Constitución, al regular los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales dispone en el art. 510 CP habla de penas que podrán ser de uno a tres años y multa de seis a doce meses.

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