13 febrero 2014

El Gobierno revoluciona el recibo de la luz con una nueva reforma eléctrica. Así, si el pasado 1 de febrero el Ministerio de Industria, Energía y Turismo confirmaba la aprobación una revisión de los peajes de la electricidad, ahora anuncia un nuevo mecanismo para calcular el precio de la energía, suprimiendo las subastas trimestrales que hasta ahora servían para fijar esta tarifa. A continuación, analizamos las claves de la nueva reforma energética.

Cambia el precio de la energía
Los cambios puestos en marcha por el Gobierno, en lo que al precio de la energía se refieren, afectan a los clientes acogidos a la tarifa regulada, que suponen más de 16 millones en España: usuarios de la antigua Tarifa de Último Recurso (TUR), que desde enero ha pasado a llamarse Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).

A partir del 1 de abril, el precio de la energía pasará de salir de una subasta trimestral a calcularse en base a la media del mercado mayorista eléctrico (o pool) durante el periodo de facturación (mensual o bimestral), si bien existirán mecanismos de vigilancia para poder responder ante variaciones extraordinarias. El cambio pretende evitar “tarifazos” como el vivido el pasado diciembre, cuando se tuvo que invalidar la subasta Cesur que obligaba al Gobierno a una subida de la luz del 11% para el primer trimestre de 2014.

 

Reforma_eléctrica_1

Según el Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el nuevo sistema evitará un coste extra y ayudará a los consumidores con menos de 10 kilovatios (kW) de potencia a gastar menos. En total, calculan, serán unos 200 millones de euros menos, lo que se traducirá en un ahorro medio de la factura del 3% al año y de un 10% del precio de la energía.

El real decreto, cuyo borrador se remitirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), permitirá que los usuarios se acojan de ofertas anuales para el coste de la energía. Una especie de tarifa plana por la que el kilovatio valdrá siempre lo mismo, al margen de lo que haga el pool (pero que puede suponer contratos de permanencia). Así, el Gobierno obliga a las comercializadoras a ofrecer un precio cerrado que, al ser público, permita una competencia, si bien también podrá comportar una permanencia.

Por su parte, los usuarios que dispongan de contador inteligente con discriminación horaria, pagarán en función del consumo en cada momento y el precio del kilovatio en ese instante según su cotización en el pool.

Además, Industria habilitará una herramienta online a través de la cual cada consumidor pueda comprobar si su recibo es correcto y si se adecúa a los precios del mercado con tan sólo introducir sus datos.

Por su parte, las asociaciones de consumidores se muestran escépticas en este punto, ya que, aunque el sistema de subastas era el que más fomentaba la especulación, aseguran que el nuevo método tampoco garantiza la no especulación. Éstas instan al Gobierno a aplicar un mecanismo de control que evite que haya pactos entre las compañías eléctricas que componen lo que califican como “oligopolio”.

 

Suben los peajes de acceso

Además, el pasado 1 de febrero entró en vigor la revisión de la tarifa de acceso, que significó una subida del 18% del coste de la potencia contratada, hasta suponer alrededor de un 60% de la factura. Estos peajes vienen fijados por el Gobierno, aunque buena parte del presupuesto se la llevan las compañías eléctricas en conceptos de transporte y distribución de la energía, las primas a las renovables, el déficit tarifario…

Al pasarse de una parte fija de la factura, este aumento de los precios afecta a todos los usuarios pero de manera desigual, haciendo especial hincapié en los bajos consumos, segundas residencias y viviendas vacías que, aunque no hayan consumido ningún kWh, verán aumentado su recibo.

Esta subida en los peajes, que se ha doblado en los últimos 6 meses, viene acompañada de una bajada del 6,9% del Término de Energía (la parte variable de la factura) para aquellos que no tengan discriminación horaria. Esto supone una bajada del precio del kW consumido, beneficiando a las grandes potencias y consumos, al compensarles la subida del término fijo con la bajada de la electricidad consumida. Es decir, cuanto más se consume, menos se paga.

Aunque desde el Gobierno se ha asegurado que esta medida beneficia a las familias con hijos, que son la mayor parte de usuarios, las asociaciones de consumidores y partidos de la oposición afirman que esta medida penaliza a las primeras viviendas con una potencia elevada, pero sobre todo perjudica a aquellos que intentan consumir poco por problemas económicos, además de desincentivar el ahorro energético. Y todo, dicen, para compensar a las eléctricas por la caída del consumo con la crisis.

 

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