14 marzo 2016

La Generalitat Valenciana ha presentado el proyecto de Ley por la Función Social de la Vivienda de la Comunitat, que garantiza el acceso a la vivienda como un derecho subjetivo y prevé la posibilidad de expropiar inmuebles a entidades financieras.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Mª José Salvador, han presentado este proyecto de ley que se tramitará en las Corts por vía de urgencia para que entre en funcionamiento lo antes posible.

No obstante, ya que ciertas medidas pueden solaparse con las de la ley de segunda oportunidad del Gobierno de Mariano Rajoy, quedan a la espera que a esta legislación acabe su vigencia en mayo de 2017 o que un posible nuevo Ejecutivo anule la norma. De esta forma, “evitamos que pueda ser recurrida ante el Tribunal Constitucional”, ha señalado Salvador.

Registro de Viviendas vacías

Vivienda cerrada

 

Esta ley, que cuenta con una partida de 20 millones de euros anuales, contempla la elaboración de un Registro de Viviendas vacías, donde se incluirán todas las declaradas deshabitadas. También se creará el Registro de Oferta y Demanda donde los particulares podrán inscribir voluntariamente sus inmuebles.

La norma contempla multas coercitivas para quienes incumplan su obligación respecto a la función social de la vivienda y sanciones que pueden llegar a los 30.000 euros en el caso de las muy graves. Los ingresos procedentes de estas multas se destinarán a actuaciones en materia de vivienda.

Ximo Puig ha hecho hincapié en que no se trata de una ley “expropiatoria”, sino que busca “activar el derecho a la vivienda”. “Las medidas de carácter disciplinario no son el objetivo fundamental”, puesto que es “una ley propositiva, de eficiencia”.

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