22 Marzo 2017

El mercado de la vivienda en Barcelona ha experimentado profundos cambios en los últimos años. La crisis, la disminución de la renta de las familias o las restricciones financieras, pero también conceptos globales como la movilidad geográfica, familiar o laboral, han provocado que los contratos de alquiler superaran ya en 2013 en mucho a los de propiedad. Desde el 2007 se había incrementado en un 87% el número de contratos de alquiler registrado en la ciudad.

Una de las herramientas en las que estamos trabajando en el Ayuntamiento de Barcelona es la creación de un índice para impedir alquileres abusivos. Ya en diciembre pasado se aprobó la creación del Observatorio Metropolitano de la Vivienda, que es el órgano encargado de establecer la metodología y confeccionar el índice. Además hemos analizado los diferentes observatorios que existen en Europa –el 24 de octubre de 2016 lo debatimos en el marco de las Jornadas del Derecho a la Vivienda- y analizado los casos más paradigmáticos, de Berlín y París. Es por eso que, tras el anuncio de la Generalitat a la creación de este índice, el pasado 18 de enero, nos congratulamos de que finalmente hayan aceptado la propuesta, no sólo para Barcelona y el Área Metropolitana, sino también para el conjunto de Catalunya.

Aun así, las singularidades de Barcelona requieren una regulación específica. La propuesta del índice sería un punto de partida. Sin embargo, en la capital catalana, el problema es ciertamente más complejo.

Un mercado especulativo no interesa a nadie.

Barcelona es la ciudad del Estado con una proporción más alta de viviendas en régimen del alquiler, un 30% del total, y la que se ve más afectada por las oscilaciones de este mercado. También es la que tiene los precios más altos de alquiler y la que más ha incrementado los precios en el último año.

El del alquiler se ha convertido en un mercado estresado en el que hay más demanda que oferta, y en el que el uso de la vivienda como residencia habitual se ve presionado por los pisos turísticos ilegales, la atracción de la ciudad de Barcelona como foco de inversión inmobiliaria extranjera y los malos usos de la vivienda por parte de grandes propietarios, entre otros.

Todo ello ha provocado un aumento desproporcionado del precio de los alquileres, que ha generado una burbuja inmobiliaria con graves consecuencias y dentro de una regulación demasiado laxa para poder hacer frente a esa desestabilización del mercado.

Barcelona es la ciudad del Estado con una proporción más alta de viviendas en régimen del alquiler, un 30% del total, y la que se ve más afectada por las oscilaciones de este mercado.

Sólo utilizando todas las herramientas disponibles y creando algunas de nuevas podremos superar la burbuja inmobiliaria de los precios del alquiler.

En la ciudad condal, la media del esfuerzo económico que han de realizar las unidades familiares para el pago del alquiler es muy superior a la del resto del Estado. Además, las zonas donde las rentas son más bajas son también las zonas donde la proporción del incremento de precio y el esfuerzo familiar por asumir los costes de la vivienda es mayor. Mayor presión en familias con rentas bajas que han de dedicar alrededor del 30% de sus ingresos a los gastos de vivienda.

Con la situación de emergencia habitacional actual, muchas familias viven al límite de sus posibilidades. Es por eso que, des del Ayuntamiento de Barcelona, se han multiplicado las ayudas para el pago de alquileres. Por primera vez, la dotación económica de las ayudas al alquiler en Barcelona se ha incrementado hasta los 11,8 millones, en 2016. Además, se han implementado toda una serie de medidas.

Estamos multiplicando la capacidad productiva del Patronato Municipal de la Vivienda, para el 2025 prevemos haber construido más de 8 mil pisos nuevos.

Poder disponer de un parque público es esencial para dar respuesta a las necesidades de la población; es decir, de un parque a un precio asequible para personas que no pueden acceder al mercado libre del alquiler. Actualmente, el parque que gestiona el Ayuntamiento es de poco más de 10 mil viviendas. Para ampliar este parque estamos multiplicando la capacidad productiva del Patronato Municipal de la Vivienda, que es la entidad que se encarga de su producción y gestión, para que puedan pasar de construir unos 200 pisos anuales a más de 800 de media anual a lo largo de 10 años. Es decir, para el 2025 prevemos haber construido más de 8 mil pisos nuevos.

La construcción es, sin embargo, un proceso largo. Es por ello que explotamos también otras vías para incrementar el parque público y destinarlo principalmente al alquiler.

El Ayuntamiento ha iniciado una potente campaña para captar pisos para la Bolsa Pública de Alquiler, con las máximas garantías e incentivos. Entre las cuales destacan los 1.500 euros que se dan al propietario por incluir la vivienda en la Bolsa y hasta 6.000 euros por liquidación de deuda en el caso de viviendas en proceso judicial. Se le garantiza el cobro y el mantenimiento del piso. También se ofrecen ayudas para la rehabilitación y una subvención del 50% en la cuota del IBI, además de asesoramiento técnico y jurídico.

El Ayuntamiento ha iniciado una potente campaña para captar pisos para la Bolsa Pública de Alquiler, con las máximas garantías e incentivos.

Otra de las propuestas es la creación de una Asociación de Vivienda Asequible, al estilo de las Housing Association plenamente consolidadas en países como Holanda o Reino Unido y en ciudades como Viena. Esta asociación se gestionaría como una sociedad mixta que permitiría sumar la capacidad de inversión para la promoción de vivienda protegida de alquiler con la de producción.

También hay otras líneas que estamos explorando, como la creación de cooperativas de vivienda en cesión de uso, lo que hemos denominado covivienda, la implementación de proyectos de masovería urbana y el impulso de las entidades sociales en la generación y gestión de vivienda de alquiler.

Cambios de mentalidad y de legislación

Sin embargo, lo que no hay que olvidar es que el paso realmente urgente y necesario es un cambio en la legislación. El Ayuntamiento de Barcelona ha exigido tanto a la Generalitat como al Gobierno del Estado que modifiquen la normativa para regular y sancionar los alquileres abusivos y también para obligar a los grandes propietarios a asumir los costes que ahora asumen los ayuntamientos, costes de vivienda y de recursos sociales. Se trata de afrontar realmente el problema. No se puede aplazar más. Un mercado sano permite generar confianza e inversión y, al mismo tiempo, no amenazar el derecho a la vivienda de toda la ciudadanía. Se está iniciando una nueva cultura de la vivienda donde la responsabilidad y la justicia no están reñidas con la inversión.

Facebook Comments