24 Julio 2014

Tras la lucha del colectivo del Taxi contra las aplicaciones que permiten obtener medio de transporte de terceros, los empresarios y asociaciones de alojamientos de toda España se unen a la batalla contra la, mal llamada en algunos casos, ‘economía colaborativa’ por los alquileres turísticos ilegales.

Recientemente, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) presentaba el ‘Manifiesto de la hotelería y el sector de alojamiento reglado, contra la economía sumergida y la actividad turística ilegal’, en el que mostraban su preocupación por el incremento de este tipo de alquileres, advirtiendo que esta actividad ilegal afecta a la seguridad del turismo y a su calidad, ataca de forma importante al empleo y degrada la imagen turística del país.

Desde la CEHAT piden al Gobierno que regularice el mercado del alquiler de apartamentos turísticos ya que, en palabras de Juan Molas, presidente de la Confederación, “no es razonable que conviva un mercado fuertemente regulado (como el hotelero) con otro absolutamente liberalizado”.

“Denunciamos la permisividad y connivencia de algunas administraciones con la economía sumergida que provoca defectos graves en aquellos que cumplimos la normas y las leyes”, advertía el presidente de la patronal, quien recordaba que el sector ha sufrido un descenso de pernoctaciones en los últimos años y ha registrado una caída de la rentabilidad debido a las políticas de descensos de precios para mantener ocupación y empleo.

En estos mismos términos se pronunciaba recientemente Exceltur, el lobby turístico que aglutina a buena parte de las grandes empresas españolas del sector, cuando aseguraba que la “mal llamada economía colaborativa” afecta a la rentabilidad de las empresas y a los precios. Así, según José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, el alquiler al margen de los establecimientos regulados supone un aumento del fraude fiscal, además de competencia desleal para los empresarios.

Como respuesta a estas críticas, la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) se mostraba a favor de la creación de leyes que permitan el desarrollo reglado de su actividad y critica “la demagogia” del sector hotelero. “Queremos normativas que nos permitan trabajar con la seguridad jurídica necesaria para desarrollar nuestra actividad adecuadamente, atraer inversión y generar empleo”, señalaban.

Asimismo, defienden que el modelo no fomenta el fraude fiscal, ya que se factura con IVA, se realizan retenciones de IRPF a los propietarios y se paga y se genera impuestos “como en cualquier industria”. “Somos los primeros en luchar contra los ilegales donde existe una regulación que se pueda cumplir”, afirmaban desde Fevitur. “Con una buena regulación y un censo de este tipo de viviendas se podrán ejercer los controles de calidad por parte de la Administración”, consideró. En su opinión, la industria hotelera aboga por conseguir normativas “imposibles de cumplir, que les permitan mantener su monopolio”.

“Desde Fevitur defendemos la viabilidad de nuestra industria y su compatibilidad con otros modelos de alojamiento, el compromiso con la calidad y el cumplimiento de las distintas regulaciones cuando los requisitos de estas sean cumplibles por las viviendas”, concluían.

 


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Los datos

Según la Cehat, en España hay un total de 1,4 millones de plazas regladas frente a las más de 2 millones anunciadas en los portales de Internet, lo que muestra la “grave” situación del sector. Desde la confederación aseguran que no se pretende impedir el alquiler de viviendas, sino que se establezcan las mismas reglas de juego para todos.

Fevitur asegura que las cifras aportadas por la patronal hotelera no están confirmadas sino que son una “suposición” y recuerda que la oferta de alquiler la componen viviendas por lo que “los requisitos para dichas viviendas turísticas deben de ser los mismos que los de una vivienda que habita una familia española”, es decir, “la cédula de habitabilidad o la licencia de primera ocupación”. Este último título acredita que la vivienda cumple “con infinidad de requisitos exigibles a estas, urbanísticos, de incendios, de seguridad y tantos otros necesarios”, apunta.

Sin embargo, el Gremio de Hoteleros de Barcelona aseguraba que sólo en la Ciudad Condal existen 8.863 apartamentos y viviendas de uso turístico reglados, pero la asociación estima que los ilegales pueden llegar a ser el doble. De hecho, entre enero y abril de este año, cuando se inició la suspensión temporal de licencias en Barcelona, se incorporaron a la oferta legal 1.829 viviendas de uso turístico, frente a las 2.317 de 2013 y las 2.000 del año anterior.

 

Internet, una ayuda para el sector

“El alquiler de vivienda privada siempre ha existido, pero el desarrollo de Internet está permitiendo que miles de propiedades se ofrezcan a los consumidores sin los controles pertinentes”, aseguraba el presidente de la CEHAT, Juan Molas.

En esta misma línea, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, aseguraba que el fenómeno ha tomado ahora una dimensión preocupante. “Hoy en día la velocidad de crecimiento es exponencial”, afirma y asegura que el alquiler no regulado ha crecido un 7,8% en el último año.

Por su parte, Fevitur reconoce que el uso de Internet ha acelerado este modelo de alojamiento, cada vez más demandando, pero esto “no debe de verse como un problema sino como una oportunidad para atraer a más turistas que ahora tienen más formas para elegir”, y señala que el uso de estos canales no exime de dejar de cumplir con las obligaciones fiscales.

“Nuestra industria crea tanto empleo como la industria hotelera”, añadió mientras señalaba que genera “turismo democrático, un turismo inteligente que elige dónde se quiere alojar”. A la vez, argumentan que de las viviendas de uso turístico se benefician miles de familias y “no unas pocas familias hoteleras, que creen que tienen la exclusividad sobre el alojamiento”.

 

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Las Comunidades Autónomas, reguladoras

Desde que se modificase la Ley del Alquiler, que dejaba en manos de las comunidades la regulación de este tipo de alquileres, algunas autonomías han sacado ya su norma.

La primera fue Cataluña, que hace dos años estableció que todos los alojamientos turísticos debían estar inscritos en el Registro de Turismo de la comunidad. A esta la siguieron otras como Andalucía o, recientemente, Madrid. Además, otras como Cantabria preparan ya sus leyes reguladoras.

Siguiendo esta línea, la Generalitat impuso recientemente una sanción de 30.000 euros a la multinacional norteamericana Airbnb por publicar anuncios de apartamentos turísticos ilegales. El conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, aseguraba que se trata de una medida para evitar la competencia desleal en el ámbito de los apartamentos turísticos y la economía sumergida ya que estas empresas no dan “ninguna garantía” de que paguen impuestos como el IVA y la tasa turística.

Tras haberle advertido a la empresa de la posible multa y haberle animado a seguir con su actividad con los alojamientos turísticos registrados en el Registro de Turismo de Cataluña, el Govern le ha impuesto la sanción máxima; por los perjuicios causados al resto del sector reglado por competencia desleal, el beneficio ilícito obtenido, el volumen económico de la empresa y la trascendencia social de la actuación infractora para el interés turístico, puesto que el viajero cree que está contratando un servicio legal.

La multa, la primera a Airbnb en Europa, obliga al portal a cesar de forma inmediata la comercialización de aquellos inmuebles de Cataluña que no estén habilitados para ser alquilados a turistas y, en caso de que no lo haga, la Generalitat se plantea impedir el acceso al portal desde cualquier IP situada en esta comunidad.

Aun así, Puig instó la multinacional a seguir con su actividad respetando la legalidad. “Las reglas de juego han de ser las mismas para todos, tanto para los modelos de negocio tradicionales como para los de economía colaborativa”, destacó mientras aseguraba que Catalunya apuesta por el turismo de calidad con la implantación de permisos y requisitos.

También ha señalado que antes de imponer la sanción, el Govern Puig ha explicado que el Govern ya ha abierto 18 expedientes a páginas web por actividades no reguladas, de los que de momento se han decretado 8 sancionadores que afectan a más de 2.100 viviendas. También se han abierto más de 100 expedientes a este tipo de viviendas y de las que se ha recaudado unos 500.000 euros de multas.

 

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